CARACAS. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano declaró ayer nulas las actuaciones del Legislativo dominado por la oposición a raíz de la juramentación de tres diputados impugnados por el oficialismo tras las elecciones del 6 de diciembre, informó la corte.
La Sala Electoral del TSJ consideró “nulos absolutamente los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación” de los parlamentarios de oposición cuestionados, señaló el fallo.
El TSJ, al que la oposición acusa de aliado del chavismo, declaró además “en desacato” a estos tres legisladores y a la junta directiva del Parlamento, integrada en su totalidad por la oposición.
La decisión se produjo tras haber sido admitido por el tribunal un recurso presentado el pasado jueves por la bancada minoritaria chavista, que reclama que la juramentación e incorporación de los tres diputados al Parlamento es ilegal pues sus proclamaciones fueron suspendidas por otra sentencia del mismo TSJ, ratificada en el fallo de ayer.
“Si el Poder Legislativo está en desacato y se coloca al margen de la Constitución y del Poder Judicial, aquí lo que cabe es hacer caso omiso de las decisiones que tomen en este circo que han montado. Estamos ante un parlamento ilegal y por tanto sus decisiones son ilegales, nulas”, dijo el diputado chavista Pedro Carreño la semana pasada, al presentar el recurso.
Con la juramentación de los tres diputados opositores, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) había reivindicado la mayoría calificada de dos tercios (112 de las 167 curules) que ganó en los comicios del 6 de diciembre.
El primer vicepresidente del Parlamento, Enrique Márquez, indicó el pasado día 8 que la decisión del TSJ de suspender cautelarmente la investidura de tres de sus diputados no se podía acatar, pues iba contra la voluntad popular y contra la Constitución.
Al asumir la oposición el control de la Asamblea, la MUD planteó su agenda centrada en presentar en un plazo máximo de 6 meses una vía legal para cambiar el régimen, liberar presos políticos y aprobar reformas económicas.
Tras la derrota del 6 de diciembre, el chavismo se apresuró a tomar medidas para neutralizar al nuevo Parlamento y garantizarse el control del sistema judicial.
Una de esas medidas fue ejecutada por la Asamblea Nacional saliente el 22 de diciembre, con la designación de 34 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia sin cumplir los trámites y plazos legales.
El régimen venezolano creyó poder frenar el ingreso de magistrados no chavistas al Máximo Tribunal, el cual según la Constitución deberá operar como virtual árbitro entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional ahora con mayoría opositora.
Voceros de la oposición manifestaron en su momento la intención de anular esas designaciones. Pero en medios opositores se maneja una propuesta para proceder al reemplazo de la totalidad del Tribunal Supremo de Justicia con lo cual se produciría un verdadero terremoto político en el país.
Un informe jurídico conocido por el Informe Otálvora incluye, además, argumentos y recomendaciones para que la Asamblea proceda a la anulación de designaciones en los llamados poder electoral y poder ciudadano, que abarcaría a rectores del Consejo Nacional Electoral, la Fiscal General de la República, el Contralor General y el Defensor del Pueblo, todos ellos de filiación chavista.