El Tribunal Supremo de Estados Unidos no emitió ayer ninguna decisión sobre si se ocupará de las medidas migratorias del presidente Barack Obama, una decisión que, tras su fallo, afectará a más de cinco millones de indocumentados.
En caso de aceptar, y tras meses de litigios, la máxima corte pondría fin al debate sobre la legitimidad del mandatario para otorgar alivio migratorio a los jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños, así como a los padres de ciudadanos estadounidenses o residentes que estén en situación irregular.
Obama actuó de manera unilateral después de que el Congreso, de mayoría republicana, no accediera a legislar sobre una reforma integral del sistema migratorio, una de sus prioridades desde que se presentara a la Presidencia en 2008, pero sus medidas fueron bloqueadas en los tribunales por sus oponentes.
Los jueces retomarán de nuevo su deliberación el martes de la semana entrante, día en el que podrían tomar una decisión, o bien posponerlo de nuevo al viernes de la misma semana, cuando también tienen prevista una nueva serie de consideraciones.
Ya durante su campaña presidencial de 2008, Obama se comprometió a solucionar los problemas derivados de un sistema migratorio que todo el espectro político coincide en que está “roto”; sin embargo, los republicanos en el Congreso no han permitido que en sus siete años en el poder se aprobara una reforma integral del mismo.
Así pues, el mandatario decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de indocumentados, una postura que, según los conservadores, ha cruzado los límites constitucionales.
Primero, favoreció a los jóvenes inmigrantes que llegaron cuando eran niños, en 2012 con la acción diferida o DACA, para ampliar dichas exenciones en 2014 a los padres inmigrantes de ciudadanos o residentes (DAPA), medidas que pretenden, en palabras de la Casa Blanca, “dar prioridad a la deportación de criminales y no a las familias”.
Liderados por Texas, un total de 26 estados -la mayoría gobernados por republicanos- presentaron una demanda contra las acciones ejecutivas del presidente que provocó el bloqueo de su puesta en marcha en febrero del año pasado.
Si los nueve jueces que integran el Supremo estadounidense deciden no tomar el caso a consideración, las medidas de Obama quedarían invalidadas automáticamente. Pero, si es admitida, activistas y defensores de los inmigrantes ven una oportunidad de abrir un nuevo camino legal para avanzar sobre el asunto.
La organización CASA congregó frente al Tribunal Supremo en Washington a residentes permanentes, “dreamers” (“soñadores”, jóvenes que llegaron a EE.UU. indocumentados cuando eran niños) y los padres de ciudadanos estadounidenses que se beneficiarían del programa de Obama, para continuar presionando a los jueces sobre la importancia del caso.
Padres y madres acompañados por sus hijos menores de edad gritaron “¡Sí se puede!” con la intención de que les oyeran los nueve jueces que discutían a puerta cerrada.
“A quién deportar y a quién no deportar es una decisión del Ejecutivo. La Constitución provee al presidente toda la autoridad sobre el tema migratorio”, explicó la abogada María Elena Hincapié, del National Immigration Law Center.