WASHINGTON. El Tribunal Supremo de EE.UU. revisará la legalidad del plan del presidente Barack Obama para suspender temporalmente la deportación de unos cinco millones de inmigrantes indocumentados. La decisión se espera para junio, cuando la campaña electoral habrá entrado en la recta final.
Tras cerrar la semana pasada sus deliberaciones al respecto sin una decisión, el máximo tribunal del país anunció ayer su intención de estudiar la apelación presentada por el Gobierno de Obama para aplicar sus medidas migratorias, que debían haber entrado en vigor el año pasado.
Esas medidas, anunciadas por Obama en noviembre de 2014, fueron bloqueadas en febrero pasado a raíz de una demanda presentada por 26 estados, en su mayoría gobernados por republicanos, liderados por Texas y que argumentan que el plan migratorio excede la autoridad que la Constitución otorga al presidente.
Se espera que los jueces del Supremo escuchen los argumentos en abril, para adoptar un fallo hacia finales de junio, un mes antes de las convenciones demócrata y republicana para seleccionar a los candidatos presidenciales de cara a las elecciones de noviembre.
El asunto de la inmigración, y en particular las medidas ejecutivas de Obama, está siendo muy debatido en esta campaña electoral.
La mayoría de los precandidatos republicanos a la Casa Blanca se opone a las medidas de Obama para beneficiar a los indocumentados, mientras que los aspirantes demócratas prometen ir incluso más lejos que el presidente para reformar el sistema migratorio.
El plan migratorio presentado por Obama en noviembre de 2014 consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA), cuyo objetivo es evitar la deportación de los jóvenes “dreamers” (soñadores) que llegaron a EE.UU. siendo niños acompañando a sus padres indocumentados.
La otra parte del plan es el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca amparar a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.
El Gobierno de Obama, apoyado por una coalición de 15 estados favorables a las medidas migratorias, presentó una apelación ante el Supremo. Si falla a favor, Obama tendrá apenas medio año para tratar de poner en marcha sus medidas migratorias. Su mandato concluirá en enero de 2017.
En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, no quiso especular hoy sobre cuánto tiempo puede tomar la puesta en marcha de las medidas si el Supremo las avala, pero sí recalcó que el Gobierno tiene “mucha confianza” en los argumentos legales que presentará ante el alto tribunal.
Earnest reiteró, además, que el plan migratorio de Obama tendría un “impacto práctico y positivo” no solo para cientos de miles de familias, sino también para la economía nacional.
Organizaciones no gubernamentales estadounidenses protestaron ayer en El Salvador por las redadas “violentas” realizadas por el Gobierno de ese país para deportar a familias centroamericanas que buscan asilo en Estados Unidos y pidieron un “alto inmediato” de las acciones.
En el transcurso de una manifestación frente a la embajada de EE.UU. exigieron protección humanitaria un “trato humano” y respeto a los derechos de migrantes y refugiados, a quienes el Gobierno estadounidense está deportando a sus países de origen.
Según una declaración conjunta de las ong, “las acciones represivas y violentas” de las autoridades de migración estadounidenses constituyen “una violación grave de los derechos humanos y generan zozobra y terror en la comunidad migrante”.