BRASILIA. Los partidos políticos de Brasil ultiman la lista de los 65 diputados que a partir de hoy integrarán la comisión especial que decidirá sobre la apertura de un juicio político con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
Los legisladores determinarán si las irregularidades fiscales denunciadas por la oposición y censuradas por órganos de contraloría del Estado constituyen un motivo para despojar a Rousseff del cargo para el que fue reelegida en 2014. La comisión especial tendrá representantes de todos los partidos que integran la Cámara de los Diputados.
El bloque liderado por el oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer, tendrá el mayor número de diputados (25), mientras que el grupo encabezado por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), formación a la que pertenece Rousseff, contará con 19 legisladores.
Sobre el papel, el Gobierno tiene apoyo suficiente para frenar el avance del proceso, pero en el PMDB, a pesar de su oficialismo, hay disidentes a favor del “impeachment”, lo que podría poner a Rousseff contra las cuerdas.
El Ejecutivo teme que el PMDB pueda elegir a diputados contrarios a la presidenta, por ello, la propia Rousseff salió al paso de las especulaciones y afirmó la víspera que espera la confianza de Michel Temer. “Y la tendré”, aseveró.
Una vez instalada la comisión, Rousseff tendrá un plazo de diez sesiones para presentar por escrito su defensa.
Sus argumentos y los de la parte acusadora serán analizados durante otras cinco sesiones y luego la comisión votará el informe que preparará el diputado instructor del caso a favor o en contra del inicio del proceso.
Si la comisión es favorable al juicio político, la palabra pasará al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso seguirá, si es respaldado por al menos dos tercios (342 votos), el mayor quórum exigido por la Constitución.
En caso de que los legisladores lo aprueben, Rousseff deberá separarse del cargo por 180 días, plazo que tendrá el Senado para realizar el juicio político definitivo.
El proceso fue aceptado a trámite el pasado miércoles por el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, uno de los cincuenta políticos investigados por el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Cunha y Rousseff, ambos en la cuerda floja, son declarados enemigos políticos y en los últimos días se han enzarzado en un cruce de acusaciones.
A pesar de la presión, Rousseff se ha mostrado “tranquila” ante la apertura de un juicio político al considerar que no existen razones que fundamenten su destitución. La oposición, en cambio, argumenta que las maniobras fiscales suponen un “delito de responsabilidad”, que de acuerdo con la Constitución es una de las causas que pueden llevar a la destitución de un jefe de Estado.