BRASILIA. La oposición brasileña controlará la comisión especial de diputados que decidirá si la mandataria Dilma Rousseff será sometida a un proceso con vistas a su destitución, de acuerdo con resultado de una primera votación realizada ayer.
En la sesión de ayer fueron presentadas dos listas y ninguna de ellas llegaba a completar los 65 miembros que tendrá el grupo.
Por 229 votos a favor y 199 en contra, la Cámara de Diputados se inclinó por la lista de la oposición, que proponía 39 legisladores que ya son considerados oficialmente como miembros de la comisión que examinará si existen razones jurídicas para avanzar hacia un juicio político contra Rousseff.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, anunció tras esa primera votación que la elección de los otros 26 miembros de la comisión será realizada hoy.
La elección fue realizada en medio de incidentes, desatados por la decisión de Cunha de que el voto fuera secreto, a lo que se oponía el oficialismo. Tras una serie de empujones y gritos, la votación comenzó en un clima casi festivo, con el oficialismo cantando “No habrá golpe” y la oposición respondiendo “Habrá impeachment”, por la figura del derecho anglosajón que define el proceso de destitución de un mandatario.
Una vez que sean elegidos todos los miembros de la comisión, el grupo deberá elegir a un presidente, que dirigirá los trabajos, y a un diputado que actuará como instructor del proceso. Tras la instalación de la comisión, se abrirá un plazo de diez sesiones, aún no definido en términos de días, para que Rousseff presente su defensa.
Los alegatos de la mandataria y de la parte acusadora serán debatidos durante otras cinco sesiones, al cabo de las cuales los miembros de la comisión deberán votar el informe que preparará el diputado instructor.
El informe votado por la comisión, que recomendará avanzar hacia un juicio contra Rousseff o archivar la acción, será debatido por el pleno de la Cámara de Diputados, que decidirá el futuro del proceso.
Si 342 diputados, que constituyen dos tercios del pleno de 513 miembros de la cámara, votasen por la continuidad del proceso, la presidenta sería separada del cargo por 180 días, los que tendrá el Senado para realizar el juicio político.