Un juez de la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró ayer “en rebeldía” al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por no presentarse a una audiencia a la que estaba citado por un caso de supuestas escuchas ilegales, y el fiscal pidió al pleno del máximo tribunal que autorice su detención.
Martinelli “es declarado en rebeldía en este acto de audiencia”, afirmó el magistrado Jerónimo Mejía, quien se declaró incompetente para decretar su detención.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, indicó Mejía, es el único que puede ordenar la captura contra el expresidente, que en la actualidad vive en Miami (Estados Unidos) y está acusado de haber intervenido ilegalmente las comunicaciones a más de 150 personas.
Tras la audiencia el magistrado fiscal, Harry Díaz, entregó al pleno de magistrados del Supremo un escrito con el pedido de que sea autorizada la detención preventiva del exjefe de Estado, confirmó a una fuente de ese organismo.
Díaz había adelantado en declaraciones a la prensa local que en su escrito también solicitaría a los magistrados que aclaren quién deberá ejecutar la orden de arresto en caso de que se autorice.
El magistrado fiscal aclaró que la ley panameña no establece un plazo perentorio para que el pleno del Supremo de reúna para decidir sobre la orden detención de Martinelli, actualmente diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Díaz acusa al exmandatario de aprobar la interceptación de las comunicaciones a más de 150 personas, entre periodistas, opositores y empresarios, y pide 21 años de cárcel por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública.
La defensa del exgobernante intentó que se declarase nulo el proceso alegando que Martinelli no había sido notificado en persona de la citación judicial, pero el juez desestimó el argumento y concluyó que el Sistema Penal Acusatorio permite cualquier tipo de comunicación, incluido el teléfono, el fax o el correo electrónico.
“Este juez de garantías encuentra que el señor Martinelli está debidamente notificado e incumplió su deber de comparecer”, declaró Mejía.
El exgobernante, por ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), tiene que ser procesado por el Sistema Penal Acusatorio, que se está terminando de implementar en el país y que presume de ser más rápido y participativo, y de respetar los derechos y las garantías de las víctimas y de los acusados.
“El equipo de defensa va a agotar todos los recursos legales” para refutar la decisión del juez, sostuvo Carlos Carrillo, que forma parte del extenso equipo de abogados del expresidente.
La exprimera dama, Marta Linares, le recomendó a su marido seguir en el extranjero y no presentarse ante la justicia panameña para no convertirse en el “trofeo” del Gobierno actual.
Investigación en periodo de Martinelli
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró que un reciente fallo judicial adverso al diario La Prensa de Panamá, “es un evidente ataque contra la libertad de prensa”, crea antecedentes negativos para los medios y desincentiva la investigación periodística sobre asuntos de interés público.
El fallo se refiere a la demanda contra La Prensa a raíz de la publicación, entre el 31 de julio y el 2 de agosto de 2012, de una investigación sobre la asignación irregular de recursos públicos para la ejecución de obras durante la presidencia de Ricardo Martinelli.
El 25 de noviembre, una jueza civil de primera instancia condenó a La Prensa a pagar a dos contratistas estatales por concepto de “daño moral” la suma de 600.000 balboas (igual cantidad en dólares estadounidenses) y 60.000 balboas en costas, así como la publicación de la parte resolutiva de la sentencia. La Prensa apelará el fallo.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, expresó que “más allá del impacto económico para el diario, la sentencia es un evidente ataque contra la libertad de prensa que de no ser revertida por los tribunales locales, el caso debería llegar a instancias interamericanas para que se apliquen estándares internacionales que velan por la libertad de expresión por sobre el derecho al honor, cuando prevalece el interés público y el derecho del público a saber, como en este caso”.