PARÍS. Cerca de 200 países aprobaron ayer en París el primer acuerdo universal de lucha contra el cambio climático, en el que de manera histórica tanto naciones desarrolladas como en desarrollo se comprometen a gestionar juntas la transición hacia una economía baja en carbono.
El Acuerdo de París, llamado a cambiar el modelo de desarrollo del planeta hacia uno libre de combustibles fósiles, se aprobó a las 19.26 hora local, cuando el presidente de la COP21, Laurent Fabius, dio el esperado martillazo del consenso y dijo: “Acabamos de hacer una cosa grande” en medio de sonoros aplausos.
Inmediatamente después, Fabius se fundía en un fuerte abrazo con la secretaria de la Convención de cambio climático de la ONU, Christiana Figueres, y con la embajadora francesa en la COP21, Laurance Tubiana, dos mujeres clave para conseguir el pacto, mientras muchos de los presentes lloraban de emoción, entre ellos el secretario de Estado estadounidense, John Kerry.
Lograr este acuerdo ha costado 20 años y los más intensos esfuerzos diplomáticos “que se hayan hecho en la historia”, según la ONU, en los que Fabius ha tenido un gran liderazgo.
La mayor parte de las intervenciones posteriores en el plenario fueron efusivas, salvo en el caso del ministro nicaragüense de Políticas Nacionales, Paul Oquist, quien se negó a sumarse al consenso por el “procedimiento antidemocrático” utilizado en la adopción.
“Si no estuviéramos todos un poco enfadados no sería un buen acuerdo”, afirmó después Kerry.
El acuerdo que se acaba de aprobar tiene como objetivo “mantener la temperatura media mundial muy por debajo de dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales”, aunque los países se comprometen a llevar a cabo “todos los esfuerzos necesarios” para que no rebase los 1,5 grados y evitar así “los impactos más catastróficos del cambio climático”.
Colaboración de todos es fundamental
Para lograr ese objetivo, recoge compromisos nacionales de lucha contra el cambio climático y obliga a los países tanto a rendir cuentas de su cumplimiento como a renovar sus contribuciones al alza cada cinco años.
Cada Estado se compromete a tomar las medidas necesarias a escala nacional para cumplir lo que dice en su respectiva contribución, y los que quieran podrán usar mecanismos de mercado (compraventa de emisiones) para cumplir sus objetivos.
Para asegurar que se alcanza el objetivo de menos de dos grados, la primera revisión de las contribuciones nacionales tendrá lugar en 2018, y la primera actualización de las mismas será en 2020.
No habrá sanciones, pero existirá un comité de cumplimiento que diseñe un mecanismo transparente para garantizar que todo el mundo hace lo prometido, y que advierta antes de que expiren los plazos si está o no en vías de cumplirse.
Como objetivos a largo plazo, las naciones se proponen que las emisiones toquen techo “tan pronto como sea posible”, reconociendo que esta tarea llevará más tiempo para los países en desarrollo, y que se efectúen reducciones rápidas a partir de ese momento.
Además, los países se comprometen a lograr “un equilibrio entre los gases emitidos y los que pueden ser absorbidos” en la segunda mitad de siglo, lo que viene a suponer cero emisiones netas, o dicho de otro modo: que no se pueden lanzar más gases que los que el planeta pueda absorber por sus mecanismos naturales o por técnicas de captura y almacenamiento geológico.
El acuerdo obliga legalmente a los países desarrollados a contribuir a financiar la mitigación y la adaptación en los Estados en desarrollo, y anima a otros países que estén en condiciones económicas de hacerlo a que también aporten voluntariamente.
La intención de financiar debe ser comunicada dos años antes de transferir los fondos, de manera que los países en desarrollo tengan una idea de con qué montos cuentan.
Pero, la mayor parte de las responsabilidades de financiación no están en el acuerdo sino en la decisión que lo desarrolla (que no es legalmente vinculante), donde dice que las naciones ricas deberán movilizar un mínimo de 100.000 millones anualmente desde 2020, así como revisar al alza esa cantidad antes de 2025.
En el texto se reconoce la necesidad de poner en marcha un “mecanismo de pérdidas y daños”, asociado a los efectos más adversos del cambio climático.
El nuevo acuerdo entrará en vigor cuando al menos 55 partes, que sumen en total el 55% de las emisiones globales lo hayan ratificado.
Rechaza procedimiento empleado
Pero mientras la mayoría de países celebraba el acuerdo, Nicaragua se desmarcó del consenso en la cumbre del clima de París (COP21) y denunció el “procedimiento antidemocrático” utilizado para su adopción por la presidencia francesa, que, a su juicio, “desluce” el resultado final.
El ministro nicaragüense de Políticas Nacionales, Paul Oquist, criticó en el plenario que el “procedimiento antidemocrático” utilizado por el presidente de la reunión, el jefe de la diplomacia francesa Laurent Fabius, “debilita el multilateralismo” y “desluce esta COP y su acuerdo”.
Oquist aseguró que su intención y la de “algunos otros países”, a los que no citó, no era bloquear el compromiso porque su intención era “trabajar para perfeccionarlo” con algunas sugerencias “para el bien de la madre tierra y de la humanidad”.
Sobre las razones de “por qué no (pueden) acompañar este consenso”, el funcionario nicaragüense señaló que, aunque se haya fijado el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados para finales de siglo, algo que es “absolutamente crítico” para países tropicales como el suyo, hay problemas en el establecimiento del nivel de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que serán necesarias.
“Falta todavía trabajo” del grupo internacional de expertos (IPCC), indicó Oquist, antes de advertir de que no será posible corregir esa cuestión dentro de diez o quince años, cuando se revisen los objetivos.
Otra de las razones de su exclusión es que, mientras “el 25 % de los compromisos de los países en desarrollo estaba condicionado a la financiación (…), no se ve ese financiamiento en el documento”.