MIAMI. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró ayer que un reciente fallo judicial contra el diario La Prensa de Panamá constituye un “evidente ataque contra la libertad de prensa” y de “investigación periodística”.
El pasado 25 de noviembre una jueza condenó a La Prensa a pagar a dos contratistas estatales por concepto de “daño moral” la suma de 600,000 balboas ($600,000) y otros 60,000 en costas, así como a la publicación de la parte resolutiva de la sentencia.
La Prensa apelará el fallo judicial ante una instancia superior, destacó la SIP, con sede en Miami.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, el uruguayo Claudio Paolillo, señaló que, “más allá del impacto económico para el diario”, la sentencia es un “evidente ataque contra la libertad”.
En opinión de Paolillo, de no ser anulada la sentencia, el caso “debería llegar a instancias interamericanas para que se apliquen estándares internacionales que velan por la libertad de expresión por encima del derecho al honor, cuando prevalece el interés público y el derecho del público a saber”.
Agregó que los estándares internacionales también “reafirman que la democracia implica una férrea fiscalización de parte de la prensa a los actos de gobierno”.
Precisó que la gravedad del fallo reside en que pone un “freno a los reportajes de investigación”, pues, por “temor a represalias”, ningún periodista estará dispuesto a investigar asuntos que involucren a presidentes, altos funcionarios, contratistas estatales o recursos públicos.
El fallo condenatorio se refiere a la demanda de los hermanos David Marco y Daniel Miguel Ochy Diez y su empresa constructora Transcaribe Trading SA (TCT) contra La Prensa, a raíz de la publicación en 2012 de una extensa investigación sobre la asignación irregular de recursos públicos para la ejecución de obras durante la presidencia de Ricardo Martinelli (2009-2014).
En represalia por la publicación de la serie de notas sobre anomalías en los contratos, en agosto de 2012 trabajadores de la empresa bloquearon la sede del diario por tres horas y media con más de 20 camiones remolques, lo que perjudicó la distribución de ejemplares.
Por otra parte, la sentencia desestimó la demanda por perjuicios materiales de TCT presentada por los contratistas.
Sin embargo, el pago contemplado en el fallo es una de las sumas más elevadas de los últimos tiempos en la región contra un medio de comunicación por la publicación de un reportaje de interés público, denunció la SIP.