NACIONES UNIDAS. El Consejo de Seguridad de la ONU reforzó ayer las medidas para cortar las vías de financiación de los terroristas del Estado Islámico (EI) con la adopción de una amplia resolución respaldada por unanimidad.
El texto fue aprobado en una reunión sin precedentes, en la que por primera vez en la historia los miembros del Consejo estuvieron representados por sus ministros de Finanzas.
La resolución 2253 pretende multiplicar la presión sobre el EI con sanciones y políticas diseñadas específicamente para responder a la forma en la que este grupo obtiene sus fondos, que en buena parte proceden de la venta de petróleo.
Las finanzas del EI, muy distintas a la de otros terroristas gracias al control territorial que tiene sobre partes de Iraq y Siria, se ha convertido en una de las prioridades de la comunidad internacional a la hora de combatir a la organización.
Según EE.UU., el EI ha obtenido unos $500 millones sólo gracias a la venta de petróleo procedente de esas zonas y millones más gracias a la extorsión de la población, el saqueo o tráfico de antigüedades.
“Para sostener su infraestructura petrolera y sus esfuerzos militares, el EI necesita acceso al sistema financiero internacional. Esa dependencia presenta oportunidades para atacar”, explicó el secretario del Tesoro estadounidense, Jacob Lew.
“Hoy, EI maneja una economía multimillonaria en territorios bajo su control. Los terroristas de EI logran dinero con el comercio de crudo, la extorsión, los envíos de efectivo no detectados, los rescates en secuestros, el tráfico de personas y armas y los sobornos”, dijo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
Hasta ahora, las sanciones de la ONU contra el EI estaban englobadas bajo el régimen de medidas contra Al Qaeda y grupos vinculados, bajo el que hay más de 243 personas y 74 entidades sancionadas, pero a partir de ahora esa lista cambiará de nombre para apuntar directamente también a esta organización.
La resolución, que refuerza otras medidas anteriores, exige a todos los países que adopten de leyes que criminalicen la financiación de los yihadistas y les reclama acciones más decididas para cortar los flujos financieros hacia el EI.
El texto obliga a todos los Estados miembros a informar en un plazo de 120 días de las medidas que han tomado para estrangular las finanzas del grupo.
También les anima a remitir a Naciones Unidas más nombres de personas o entidades sospechosas de respaldar con dinero al grupo, que podrán ser objeto de congelaciones de activos, prohibiciones de viaje y otras sanciones.
Por otra parte, la ONU aprobó una resolución que condena la situación de derechos humanos en Corea del Norte y motiva al Consejo de Seguridad a remitir al país a la Corte Penal Internacional.
Todos los años la Unión Europea y Japón han buscado llegar a dicha resolución. En este año, 199 países votaron a favor de ella, mientras que 19 países votaron en contra y 48 países se abstuvieron.
Aunque dichas resoluciones no son coercitivas, son una oportunidad para que la comunidad internacional exprese su opinión.