BRASILIA. Miles de brasileños protestaron ayer en Sao Paulo, Brasilia y en las capitales regionales de Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Curitiba y Río de Janeiro, y varias otras ciudades para exigir la renuncia o la destitución del presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, por su alegada participación en las corruptelas investigadas en Petrobras.
La manifestación más multitudinaria se dio en Sao Paulo, donde decenas de miles protestaron por avenidas del centro de la ciudad, convocados por el Frente Pueblo Sin Miedo, organización que aglutina a movimientos sociales y grupos de izquierdas.
En Brasilia unos manifestantes prendieron fuego a un muñeco con una fotografía de Cunha en los jardines ubicados frente al Parlamento.
“Es una vergüenza que todavía no esté preso”, dijo el jefe del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), Guilherme Boulo.
El funcionario está siendo investigado por la Justicia por la sospecha de que recibió unos $5 millones provenientes de la corrupción petrolera y ocultarlos en unas cuentas secretas en bancos suizos.
La Cámara de los Diputados inició la semana pasada un proceso con miras de destitución contra Cunha, en el que se le acusa de faltar al decoro parlamentario por supuestamente haber mentido sobre la existencia de esas cuentas.
En dos entrevistas a medios locales, Cunha reconoció el sábado la existencia de las cuentas, pero sostiene que no mintió pues él solo figura como “beneficiario” y la titularidad es de una empresa a la que él cedió el dinero para que lo gestionase.
Cunha pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer, pero anunció hace unos meses su decisión personal de pasar a la oposición, a la que intenta arrastrar a esa influyente formación.
Pese a la múltiples denuncias en su contra, Cunha ha gozado de una especie de “blindaje” por parte de oficialistas y opositores. En su condición de presidente de la Cámara de Diputados, él tiene la atribución constitucional de decidir sobre el inicio de un posible juicio con miras a la destitución de la mandataria, Dilma Rousseff, que ya ha sido solicitado por cuatro partidos de oposición.
Esa petición se fundamenta en unas maniobras fiscales que supuestamente el Gobierno hizo para maquillar sus resultados de 2014 y que, según organismos de contraloría del Estado, han continuado este año.
Cunha integra la lista de medio centenar de políticos sospechosos de haberse beneficiado de las corruptelas en Petrobras, que salpican además a una veintena de empresas privadas. En esa lista está el actual presidente del Senado, Renan Calheiros, quien, igual que Cunha, pertenece al oficialista PMDB.