GUATEMALA. Las autoridades ofrecerán 13,000 dólares de recompensa por información que permita la captura del exsecretario privado de la Presidencia de Guatemala Gustavo Alejos Cámbara, buscado por corrupción, confirmó ayer una fuente oficial.
El viceministro guatemalteco de Seguridad, Elmer Sosa, dijo a los periodistas que la recompensa será de 100,000 quetzales (unos 13,000 dólares).
Sosa agregó que en los próximos días se publicarán unos 4,000 afiches con el rostro de Alejos, quien fue secretario privado del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) y los datos de la recompensa que se ofrece.
El pasado 30 de octubre las autoridades emitieron una alerta en 190 países donde tiene presencia la Policía Internacional (Interpol) para que se arreste al exfuncionario.
Alejos es buscado por la justicia guatemalteca por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencia y cohecho activo en un caso de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) autodenominado “negociantes de la salud”.
Según las investigaciones, la red buscaba favorecer a determinados proveedores de medicinas a cambio de comisiones.
Por este caso fueron detenidas 11 personas, entre funcionarios del IGSS y particulares, vinculadas al exsecretario privado de la Presidencia.
La red fue desmantelada el pasado 27 de octubre por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pero el exsecretario privado de Colom no fue ubicado ese día y ya fue declarado en rebeldía.
Alejos Cámbara es un empresario ligado a varias farmacéuticas y también se le ha señalado de financiar campañas de candidatos a la Presidencia del país.
Medidas sustitutivas
Mientras, ayer, el Juzgado Sexto Penal, a cargo de Mélida Vásquez, dictó medidas sustitutivas para 9 de los 11 implicados en la red de corrupción que operaba en el Seguro Social.
Vásquez explicó durante la audiencia que las medidas serán “severas” con el fin de garantizar la presencia de los acusados en el proceso y agregó que continuará su detención hasta que la resolución quede “en firme”.
La jueza decidió imponer a nueve de los acusados “arresto domiciliario”, una “caución económica” de 35,000 quetzales (unos $4,500), acudir cada ocho días a firmar en la Fiscalía el libro de medidas sustitutivas, la prohibición de salir del país “sin autorización” y el impedimento de acudir a reuniones del IGSS.
Los beneficiados con estas medidas sustitutivas son el director del hospital de enfermedades generales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Roberto Francisco Estrada Morales, el director del hospital Juan José Arévalo, Carlos Enrique Palma Carranza, y el jefe de la unidad financiera de ese centro médico, Marcelo Noguera Sagastume.
Los tres están acusados de asociación ilícita.
En esta misma situación se encuentran el funcionario del IGSS, Carlos Rodolfo Salvatierra Soto, y el proveedor de medicamentos Mateo Ramazzini Menéndez.
Los proveedores José Rafael Arriaga Fuentes, José Rodolfo Barrientos Montepeque, Hugo René Navas Bonilla y César Estuardo Hernández Monroy, acusados de asociación ilícita y cohecho pasivo, también se verán favorecidos con esta resolución.
La jueza resolvió además ratificar la prisión preventiva a los proveedores Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán, acusados de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo.