El presidente de EE.UU., Barack Obama, pidió al Tribunal Supremo que fije cuanto antes una fecha para decidir sobre las medidas migratorias destinadas a regularizar a cinco de los once millones de indocumentados que viven en el país.
El tiempo se ha convertido en un factor clave, pues si los nueve jueces del Alto Tribunal deciden en junio de 2016 sobre las medidas de Obama, decretadas hace un año, el mandatario podría comenzar a implementar sus políticas para frenar las deportaciones antes de dejar la Casa Blanca, en enero de 2017.
En una carta de dos páginas remitida este martes, el abogado del Estado, Donald Verrilli, rechaza la petición de tiempo extra que ha formulado ante la Corte una coalición de 26 estados, en su mayoría con gobernadores republicanos, que ya consiguió que el “alivio” migratorio se suspendiera temporalmente en tribunales inferiores.
La coalición de estados republicanos pidió al Tribunal Supremo 30 días más para responder al recurso, interpuesto el pasado 20 de noviembre y con el que Obama busca revertir la decisión de este mes de una Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, que decidió mantener el bloqueo a las medidas migratorias.
Si el Supremo accede, los estados contarían con 30 días más, que se suman a los 30 días que ya tienen, para presentar su escrito judicial inicial, destinado a defender los daños económicos que supuestamente sufrirían los estados al expedir licencias de conducir a los indocumentados, que pasarían a tener derecho a esos carnés.
La demora reclamada por los republicanos haría que el Alto Tribunal no tuviera los escritos iniciales de las partes hasta el 20 de enero, impediría que el caso pudiera ser escuchado en este periodo de sesiones y, por tanto, no habría una decisión hasta junio de 2017, según las estimaciones que hace en su carta Verrilli.
El efecto de tal retraso provocaría “un daño irreparable” en los cinco millones de personas que están esperando las medidas para poder obtener un permiso de trabajo, una licencia de conducir y un permiso especial para volver a su país de origen, según recuerda el abogado del Gobierno.