BRASILIA. El Congreso inició ayer los trámites para analizar las polémicas cuentas del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, cuyo rechazo complica la crisis política en el país y puede abrir las puertas de un eventual juicio contra la mandataria.
Acorralada por una crisis política y económica, Rousseff ha recibido esta semana una serie de varapalos que han dado una nueva vuelta de tuerca a la situación que atraviesa el gobierno.
El miércoles, el Tribunal de Cuentas de Brasil recomendó al Parlamento que rechace los balances del Ejecutivo de Rousseff referentes al año pasado por una serie de irregularidades para “maquillar” el resultado contable.
La mesa del Senado recibió el dictamen del Tribunal de Cuentas y el presidente de la Cámara Alta, Renan Calheiros, tiene previsto remitirlo inmediatamente a la Comisión Mixa de Presupuesto.
Esa comisión, una vez que comience los trabajos, tiene un plazo de 82 días para estudiar el informe, debatirlo, presentar enmiendas, someterlo a votación y enviarlo al pleno del Congreso, donde se votará posteriormente.
El dictamen del Tribunal de Cuentas concluye que el Gobierno cometió una serie de irregularidades para maquillar en 106,000 millones de reales (cerca de 28,200 millones de dólares) el resultado del presupuesto de 2014.
Esta es la primera vez desde 1937 que el órgano reprueba el balance de las cuentas públicas de un gobierno, aunque la aprobación o rechazo de las mismas es una atribución exclusiva del Legislativo, que ya ha adelantado que el trámite será lento.
Tras la decisión del tribunal, la oposición salió rápidamente al paso y consideró que el rechazo a las cuentas “abre el camino” para impulsar un proceso de destitución de Rousseff, lo que ha, a juicio del Ejecutivo, no procede.
Según afirmó el titular de la cartera de Presidencia, Jaques Wagner, “varios constitucionalistas” rechazan que se pueda establecer una conexión entre la reprobación de las cuentas públicas y la apertura de un proceso de destitución de la mandataria.
Pero para los opositores, el dictamen del Tribunal de Cuentas prueba que Rousseff incurrió en un “delito de responsabilidad”, que es uno de los presupuestos que la Constitución contempla como un motivo para iniciar un juicio político con miras a la destitución del jefe de Estado.
El gobierno confía en la aprobación de las cuentas por su mayoría en las cámaras, reforzada por la reforma ministerial recién anunciada por Rousseff, mediante la cual cedió más poder al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer y mayoritario en el Congreso.
Con el juego de sillas ministeriales, el Ejecutivo buscó aumentar la gobernabilidad en medio de las discrepancias mantenidas con el Legislativo, que en los últimos meses ha puesto trabas a algunos proyectos de vital importancia para el Gobierno.
A pesar del acuerdo, la fidelidad de los diputados de la base aliada es cuestionable, como se vio esta semana, cuando la falta de quórum obligó a aplazar la sesión para analizar los vetos que la jefa de Estado le impuso a unos proyectos de ley aprobados en las cámaras.
En medio de esta turbulencia, el Tribunal Superior Electoral (TSE) abrió el martes una investigación sobre irregularidades de financiación de la campaña presidencial de Rousseff en 2014.
La acción, interpuesta por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileño (PSDB), pide la nulidad del mandato de la presidenta y de Temer por supuestamente haber recibido donaciones de recursos de las constructoras vinculadas en la investigación por el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.