CARACAS. La policía judicial de Venezuela allanó a las siete y quince de la noche del jueves la sede del diario El Nacional en respuesta a una orden de conducción emitida por un tribunal contra el presidente-editor de ese medio, Miguel Henrique Otero, y otros integrantes de la junta directiva.
Una hora después el agregador de noticias La Patilla reportó que otros funcionarios del cuerpo de investigaciones visitaron la sede del portal en busca de su editor, Alberto Federico Ravell, que vive en Bogotá y de su hija Isabell.
Ambos procedimientos están relacionados con la demanda por difamación interpuesta por el número dos del régimen, Diosdado Cabello, contra 22 editores y miembros de la junta directiva de El Nacional, Tal Cual y La Patilla, que reprodujeron a principios de año un artículo publicado por el diario español ABC que relaciona al jefe de la Asamblea Nacional con el tráfico de drogas.
En principio, la policía debería llevar a ambos editores al tribunal que lleva la causa. A la defensa le llama la atención que cumplan con la orden judicial a esa hora de la noche cuando los tribunales, salvo excepciones, cierran.
“Eso en la práctica equivale a una orden de captura. La intención es dejarme preso por tiempo indefinido y sustanciar cualquiera de las acusaciones en mi contra, como el financiamiento de las protestas de la oposición o el supuesto atentado contra la hija de Diosdado Cabello”, afirma Miguel Henrique Otero en conversación desde Estados Unidos.
La intención del editor es regresar a Venezuela, pero opina que no están dadas las condiciones para su vuelta. Lo cierto, dice, es que las demandas por difamación son procesos penales individuales, pero la justicia venezolana pretende que los 22 imputados estén presentes para iniciar el juicio. “Podría pasar dos horas o un mes en la cárcel mientras los ubican a todos. Además, de esos 22 uno solicitó asilo y otros diez tienen su residencia fuera de Venezuela. Es un riesgo volver”.
Por su parte Alberto Ravell, director de La Patilla, informó que funcionarios de la policía científica también se presentaron a las afueras de las instalaciones de ese medio digital, buscándolo.
“Una comisión del CICPC estuvo en La Patilla preguntando por mí. Ellos deberían saber que no estoy en Venezuela. ¿Terrorismo judicial?”, escribió en Twitter.
En agosto, un tribunal aceptó también una demanda de Cabello que busca una compensación económica por los daños que le habría causado la publicación de esas notas en Venezuela.
Voceros del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) repudiaron la medida que dicen busca “callar” a la prensa crítica y perseguir a la disidencia.