MANAGUA. El gobierno sandinista entregó ayer al Parlamento un proyecto de Ley de Seguridad Soberana, que ha generado polémica en el país por la supuesta discrecionalidad que otorgaría al Ejecutivo en la materia.
Con la llamada Ley de Seguridad Soberana, el gobernante sandinista, Daniel Ortega, busca sustituir la vigente Ley de Seguridad Democrática.
La propuesta del Ejecutivo fue enviada ayer a la primera secretaría de la Asamblea Nacional (Parlamento), dijo el jefe del grupo parlamentario sandinista, Edwin Castro.
La nueva propuesta del Ejecutivo, conocida con anticipación por distintos sectores, ha generado polémica debido a que la oposición considera que abre la posibilidad para que cualquier acto de rebelión dentro de Nicaragua, que no guste a un gobernante, pueda ser objeto de condena legal.
Para que dicha propuesta se convierta en ley deberá ser dictaminada por una comisión parlamentaria, pasar a discusión en el plenario, ser aprobada por el mismo y publicarse en el Diario Oficial, La Gaceta, en un proceso que no tiene límite de tiempo.
Para el jurista Gabriel Álvarez, esa ley es atroz, con vocación totalitaria, fascista y atenta contra las libertades y el Estado de Derecho. “Eso es antijurídico. Gravísimo para los derechos de los ciudadanos”, plantea.
Para Álvarez, Ortega se ubica de hecho por encima de la Constitución, usando al Ejército de Nicaragua, a la Policía y al poder judicial.
“Él cree, o quien lo esté asesorando, que con una ley de este tipo él tiene el instrumento necesario para imponerse a sangre y fuego, ante la gente. Esa es la lógica de la Ley porque la pretende ubicar de hecho por encima de la Constitución”, indica.
Para el diputado Armando Herrera, del Partido Liberal Independiente (PLI), la iniciativa de Ley de Seguridad Soberana tiene objetivos claros.
“Es atentar contra la seguridad y los derechos de los nicaragüenses. Es ponerte un bozal o de lo contrario vas a la cárcel, porque para Ortega, la protesta ciudadana será un riesgo para la seguridad del Estado”, precisó.