BRASILIA La Justicia brasileña aceptó ayer las denuncias formuladas por la Fiscalía contra el exministro José Dirceu y el extesorero del Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari; el ex gerente de Servicios de Petrobras, Pedro Barusco; y el ex director de esa repartición Renato Duque, entre otras personas, por su supuesta implicación en las corruptelas en Petrobras.
Junto con esos dos dirigentes del PT, el juez federal Sergio Moro, responsable del caso, también decidió abrir causas penales contra otros trece implicados en la red de corrupción que operó en la petrolera estatal y que la propia empresa calcula que se apropió en forma ilegal de unos $2,000 millones entre 2004 y 2014.
Moro indicó en un acta ayer que en esa decisión también declinó procesar a Camila Ramos, hija de Dirceu, y Silvia Facchini, una arquitecta vinculada al exministro, ya que no encontró pruebas concretas de que se hubieran beneficiado de las corruptelas.
Dirceu, de 69 años, fue uno de los hombres más influyentes del país entre 2003 y 2005, período en que ocupó el cargo de ministro de la Presidencia en el primer Gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo tenía como su “mano derecha”.
Dirceu fue detenido en agosto pasado en su residencia, en la que ya cumplía prisión domiciliaria como parte de la condena a once años y diez meses que recibió por su participación en un escándalo de sobornos parlamentarios denunciado precisamente en 2005, en medio del primer mandato de Lula, y que le costó el cargo.
Estando preso, la Fiscalía sostiene que el exministro era también uno de los miembros de la red de corrupción de Petrobras y que aún en esa condición siguió recibiendo dinero de la corrupción en la estatal.
Dirceu, Vaccari y otras trece personas convertidas en reos hoy por el juez Moro han sido acusados por los delitos de corrupción pasiva, asociación ilícita, lavado de dinero y falsedad documental.
En el caso de Vaccari, la Fiscalía sostiene que actuaba como “recaudador” del PT de las comisiones ilegales originadas por las corruptelas.
Según las investigaciones, una veintena de empresas privadas que participaban en la red obtenía contratos amañados con Petrobras, inflaba sus valores y luego distribuía las diferencias entre directores de la estatal y políticos que amparaban esas maniobras.
Por este asunto está bajo investigación medio centenar de políticos, entre los cuales figuran los actuales presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renán Calheiros.
De acuerdo a informaciones divulgadas el pasado viernes por la revista Época, no confirmadas ni negadas en forma oficial, la Policía Federal ha pedido autorización a la justicia para interrogar a Lula, pues sospecha que el expresidente pudo haberse beneficiado también de las corruptelas en Petrobras.
En El Salvador, entre las empresas que resultaron ligadas al escándalo Petrobras están Odebrecht y Queiroz Galvão; seleccionadas por la CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa), durante el gobierno de Mauricio Funes, para ejecutar obras eléctricas en El Salvador.
Queiroz Galvão fue contratada para ampliar la presa hidroeléctrica 5 de Noviembre y Odebrecht fue preseleccionada para construir El Chaparral, cuyas obras fueron abandonadas a medias y pese a ello el Estado terminó pagando $108 millones.
Otra empresa investigada en el caso Petrobras es Intertechne, contratada por CEL para hacer dos diseños de la represa.