QUITO. La organización no gubernamental de comunicación de Ecuador Fundamedios informó de que la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), a pedido de la Defensoría del Pueblo, decidió archivar el proceso para disolverla que inició por considerar que la entidad ejercía un papel político.
El archivo del proceso “es una victoria para la causa de los derechos humanos y la democracia en el Ecuador”, dijo el director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte.
“Gracias a todo su apoyo y solidaridad. Notificación de que se archiva el proceso en contra de Fundamedios”, escribió hoy la ONG en su cuenta de twitter con un enlace a una foto de una parte de la carta de cuatro páginas en la que la Secom notifica la decisión.
En unas declaraciones a la agencia Efe, Ricaurte señaló como “una victoria importante” el archivo del proceso.
“Creemos que la solidaridad nacional e internacional ha sido vital para revertir una decisión que, claramente, violaba un derecho humano fundamental como es la libertad de asociación y la libertad de expresión”, indicó al señalar que seguirán con su “labor normal”.
En la parte resolutiva de la notificación, la Secom informa del archivo “bajo una última advertencia” para que la ONG respete las normas estatutarias.
En especial, dice, la “prohibición de ejercer asuntos de índole político, evitando levantar alertas infundadas, con la única finalidad de afectar el prestigio del Ecuador y su institucionalidad, así como transparentar sus fuentes de financiamiento y la utilización de dichos recursos cuando esta autoridad así lo requiera”.
Sobre la mención, Ricaurte dijo que los abogados de Fundamedios “están examinando qué implica esa advertencia”.
El pasado lunes, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, encabezada por Ramiro Rivadeneira, planteó a la Secom la no disolución de la ONG, según escribió en twitter.
La pasada semana, cerca de un centenar de periodistas, académicos, políticos y otras personalidades de diferentes países exigieron la paralización del proceso de disolución.
En contra del proceso se mostraron el Gobierno de EE.UU., expertos de la ONU, de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la ONG Human Rights Watch (HRW).
Censura
No es la primera vez que el gobierno de Rafael Correa busca poner cortapisas a las voces críticas de su gobierno.
Es común que el mandatario demande por millonarias sumas a periódicos o inclusive editorialistas que son críticos de su gestión.
Inclusive durante la emergencia por la erupción del volcán Cotopaxi, hace unas semanas, Correa decretó la censura previa en la información que, respecto al proceso eruptivo, emitieran los medios de comunicación social.
La ciudadanía solo podía informarse por los boletines oficiales que sobre el caso emitía el Ministerio Coordinador de Seguridad.
Correa prohibió la difusión de información no autorizada por cualquier medio de comunicación , ya sea público o privado o por redes sociales.