CARACAS. El régimen de Venezuela se niega a publicar la sentencia condenatoria del líder opositor Leopoldo López y otros disidentes encarcelados, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado a las autoridades del país a que deje de ocultar la documentación de tales juicios.
“La CIDH llama al Estado a publicar las sentencias dictadas en contra de Leopoldo López y de los estudiantes y reitera su llamado al Estado a respetar las garantías judiciales y protección judicial en los procesos seguidos en su contra”, señala el organismo americano. Los estudiantes son Christian Holdack, Demian Martín García y Ángel de Jesús González.
Además, la CIDH, manifiesta su “preocupación” por estas sentencias en las que López es condenado por “delitos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión y sus derechos políticos”.
La CIDH recoge además que hay denuncias sobre la “presunta ausencia de garantías de debido proceso en las investigaciones y juicio seguido en su contra”.
Juan Carlos Gutiérrez, abogado de la defensa de López, afirmó al diario español ABC que necesita el fallo dictado por la titular del Juzgado 28 de Caracas para poder recurrir en la Corte de Apelaciones “la injusta y aberrante” sentencia de la que ha sido víctima López.
Fuentes de la oposición señalan a este respecto que el régimen de Maduro se niega a publicar la sentencia porque es consciente de que los argumentos empleados no resistirían un examen objetivo.
La jueza Barreiros tendría que haber publicado su fallo el pasado jueves, pero el Juzgado 28 ha estado cuatro días sin actividad por lo que el plazo se ha extendido –de manera tentativa– hasta el 1 de octubre para la eventual publicación de la sentencia.
Los hechos
El 12 de febrero de 2014, miles de venezolanos marcharon por las principales ciudades a favor y en contra del Gobierno del presidente Nicolás Maduro y chocaron en Caracas dando lugar a una escalada de violencia que dejó 43 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos.
López, líder del partido Voluntad Popular, se entregó voluntariamente a la Justicia seis días después tras ser acusado de ser el autor intelectual de los disturbios que se produjeron en Caracas. Finalmente fue condenado el 10 de septiembre de 2015 a 13 años 9 meses de prisión por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir.
Ninguno de los cuatro delitos ha sido probado. “No hay posibilidad de que la juez cambie o modifique los cargos imputados. Deben ser iguales a los que leyó en el antejuicio”, explica Gutiérrez.
El abogado considera que el inusual retraso en la publicación de la sentencia se debe “a la imposibilidad de motivar, sostener y argumentar de manera coherente y lógica el veredicto”. “La labor de la juez es muy complicada, ya que no puede probar la responsabilidad del incendio provocado en la Fiscalía, los daños a las patrullas, o que López fuera instigador de unos hechos de los que no hay testigos ni pruebas”, añade.
Para el abogado no importa quién haya elaborado el fallo contra López, si fue la juez Barreiros o Miraflores (palacio de gobierno). “Lo importante es que la sentencia injusta no se ajusta a la legislación venezolana porque tiene muchos errores graves de procedimiento, violación de los derechos humanos, ausencia de pruebas y publicidad de juicio, que debería haber sido público y no privado y secreto”.
Una vez que la juez publique la sentencia, la defensa tendrá 10 días hábiles para presentar el documento de impugnación en la Corte de Apelaciones de Caracas.