BRASILIA. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, vetó ayer las donaciones de empresas privadas para campañas electorales, las cuales habían sido mantenidas en una reforma de ley aprobada por el Congreso, pero declarada recientemente inconstitucional por el Tribunal Supremo.
Rousseff sancionó ayer un proyecto de ley de reforma política aprobado por el Legislativo, pero decidió vetar el capítulo que mantiene la financiación de campañas electorales por parte de las empresas privadas, permitida y regulada desde 1995.
La presidenta brasileña justificó su veto en la decisión adoptada recientemente por el Tribunal Supremo, que el pasado 17 de septiembre decretó esta práctica inconstitucional al considerar que, en parte, facilitó las corruptelas en la petrolera estatal Petrobras.
La mayoría de los jueces argumentó que al permitirse la financiación de partidos y sus campañas electorales por parte de empresas privadas, “el poder económico acaba capturando al poder político”.
En opinión de los magistrados, la posibilidad de que empresas privadas financien la política fue uno de los factores que propició la red de corrupción que se enquistó en la estatal Petrobras, por la cual están siendo investigados medio centenar de políticos y algunas de las constructoras más importantes del país.
Según ha admitido la propia Petrobras en sus balances, la red de corrupción operó al menos entre 2004 y 2014, período en que desvió de forma ilegal unos 2,000 millones de dólares.
La Policía sostiene, además, que los políticos muchas veces recibían el dinero de la corrupción petrolera “disfrazado” bajo la forma de “donaciones” para sus campañas, las cuales eran debidamente declaradas ante las autoridades electorales y fiscales.
Una de las campañas que está bajo sospecha es la que llevó el año pasado a la reelección de Rousseff, de la cual se sospecha que, en parte, fue alimentada con recursos desviados de la petrolera estatal en forma ilegal.
El Congreso Nacional deberá decidir ahora si mantiene o derriba el veto a la ley, a la que la propia jefa de Estado se ha opuesto precisamente porque también sostiene que se debe prohibir la financiación de actividades políticas por parte de personas jurídicas.
Las corruptelas en la petrolera, consideradas como las más vastas que se han descubierto en Brasil, alentaron a la oposición a exigir el inicio de un juicio con miras a la destitución de Rousseff.