Un juez dictó prisión ayer contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por fraude fiscal y desfalco en el sistema nacional de aduanas.
“Hay peligro de fuga porque la persona es ciudadana italiana, existe la sospecha de que se pueda sustraer a la acción investigativa del Ministerio Público”, dijo el juez Miguel Angel Gálvez durante la lectura de la sentencia.
“La investigación se está dando con características especiales porque se investiga a personas involucradas dentro del estado de Guatemala, especialmente funcionarios de la escala más alta”, agregó.
Pidió a las autoridades carcelarias que en un plazo de tres días, la envíen al penal femenino de Santa Teresa, un penal ordinario en el que no gozará de ningún privilegio.
Según el juez, durante este periodo se determinará si existen o no motivos suficientes para iniciar un juicio en su contra.
Baldetti escuchó compungida y a punto de llorar la decisión judicial que puso fin a tres días de audiencias, en las que la ex dignataria se negó a prestar declaración.
Gálvez explicó que el peligro de que Baldetti pueda destruir, ocultar o modificar pruebas existe porque aún falta que se capture a por lo menos 14 integrantes de la red de defraudación aduanera.
El fiscal José Morales, respaldado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), detalló en la diligencia que Baldetti tiene la nacionalidad italiana y podría escapar a ese país si se le dejaba con arresto domiciliario. “Guatemala no tiene ningún convenio de extradición con Italia”, justificó.
El abogado de la exvicepresidenta, Mario Cano, protestó y acusó al tribunal de agravio respecto a su defendida y de poner en riesgo su seguridad al enviarla a un penal ordinario y no a un centro de detención especial.
Pero Baldetti dijo a la salida de que no le importaba ir al reclusorio ordinario. “Estoy dispuesta a que haya estado de derecho en Guatemala”.
Y afirmó, a preguntas de reporteros locales, que no se siente traicionada por nadie y no implicará a nadie, especialmente al presidente Otto Pérez Molina, en los delitos de los que se la acusa.
Rodeada de un enjambre de periodistas afirmó “no tengo mayores datos, no hablaré sobre él”, en referencia a Pérez Molina.
Baldetti quedó ligada a proceso judicial el martes por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo. El Ministerio Público cree que habría recibido al menos $3.7 millones en sobornos.
El envío de Baldetti a prisión sucede un día después de que la Corte Suprema de Justicia pidiera al congreso que se abriera antejuicio a Pérez Molina, a quien se acusa de participar en el mismo esquema de corrupción que quien fuera su vicepresidenta.
En la misma torre de los tribunales y también ayer, se le retiró la inmunidad al hijo de Pérez Molina, Otto Pérez Leal, quien ejerce como edil del municipio de Mixco, vecino a la capital, por desobediencia por no pagar honorarios por $1.5 millones de un abogado que defendía a la alcaldía.
Las decisiones judiciales se tomaron en medio de una crisis que mantiene 25 puntos bloqueados en carreteras por manifestantes que exigen la renuncia del presidente y que se suspendan las elecciones del 6 de septiembre por considerarlas ilegítimas.
Según la acusación de la fiscalía y la CICIG, tras un año de investigaciones, se estableció que la exvicepresidenta recibió el 50% de los sobornos que supuestamente recababa una estructura criminal denominada “La Línea” en la que participaban tanto funcionarios como particulares. Varios empresarios pagaban supuestamente a la trama, que operaba en tres aduanas del país, para que les ayudaran a evadir impuestos.
Desde el pasado viernes y tras las denuncias de corrupción, 13 altos cargos, entre los que se incluyen siete ministros y altos cargos de la estructura de seguridad del gabinete de Pérez Molina, renunciaron a sus puestos incluyendo al embajador ante Naciones Unidas, Fernando Carrera.
La CICIG, un ente de Naciones Unidas creado para desarticular cuerpos clandestinos y actividades criminales incrustados en el Estado, ha presentado hasta el momento 88 mil escuchas telefónicas y documentos donde se revela cómo repartían el dinero.
Hasta el momento las autoridades no han establecido la cantidad exacta del fraude, pero estiman que son varios millones de dólares.
Los fiscales han dicho que en el caso hay 100 personas investigadas, al menos la mitad en prisión desde el 16 de abril, cuando se destapó el escándalo de corrupción. Por esto, Baldetti renunció el 8 de mayo.