El presidente Nicolás Maduro anunció el viernes la ampliación del cierre de la frontera venezolana con la vecina Colombia a cinco ciudades que tienen un tránsito entre ambos países, así como el envío de 3.000 soldados al lugar, profundizando así una política que ha generado rechazo de parte de los líderes colombianos.
La jornada inició en Caracas con una manifestación de simpatizantes del gobierno de Venezuela en apoyo de las medidas dispuestas en contra de inmigrantes, contrabandistas y supuestos grupos paramilitares que operan en la frontera.
Esta situación, que provocó una disputa cada vez más enconada entre Colombia y Venezuela, por la que ambos países vecinos llamaron a consultas a sus embajadores.
La llamada a consultas de un embajador se considera el equivalente diplomático a presentar una denuncia.
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El viernes, dirigiéndose a la manifestación, Maduro dijo que estaba dispuesto a reunirse con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos “donde él quiera, cuando quiera y como quiera. í‰l y yo solitos y le pongamos el cascabel al gato”.
En la víspera, Santos había pedido que se citara a una reunión de emergencia de UNASUR y la OEA para discutir la “inaceptable” situación de los colombianos en la frontera.
Una reunión entre los presidentes no parece factible en el futuro inmediato pues Maduro ha dicho que viajará el sábado a China y Vietnam.
“Queremos decirle al mundo lo que está sucediendo”, dijo la canciller colombiana María íngela Holguín, pero agregó que una ruptura de relaciones con Venezuela era impensable en este momento.
La disputa surgió hace una semana cuando Maduro ordenó el cierre de un importante cruce fronterizo para combatir lo que describió como el incontrolable contrabando y actividades paramilitares cerca de Colombia, y declaró el estado de emergencia en seis ciudades occidentales venezolanas.
Maduro dijo que lo que provocó su decisión de cerrar la frontera fue que supuestos contrabandistas colombianos –según Miraflores, paramilitares– hirieron a tres militares de la guardia venezolana.
Desde entonces, las autoridades venezolanas han deportado a más de 1.000 inmigrantes colombianos, en tanto que otros 5.000 se marcharon voluntariamente, algunos de los cuales cargaban sus pertenencias y cruzaban un río con agua turbia en una jornada de intensa movilización.
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El viernes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados exhortó a ambas partes a que resuelvan la crisis con la mirada puesta en sus obligaciones estipuladas en los convenios internacionales, y puso énfasis adicional en las responsabilidades de Caracas.
“Instamos a las autoridades venezolanas a garantizar que los derechos humanos de las personas afectadas sean plenamente respetados, en particular en el contexto de las deportaciones”, dijo Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Una reunión de los cancilleres de los dos países el miércoles no logró aliviar las tensiones.
En un discurso televisado la noche del jueves, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que había llamado al embajador colombiano en Venezuela, al quejarse de que las autoridades venezolanas no habían dejado entrar al Defensor del Pueblo en la ciudad fronteriza de San Antonio del Táchira para observar la situación humanitaria.
La protesta diplomática de Santos se produjo horas después de que Maduro apareciese en televisión acusando a su homólogo de minar los esfuerzos para la reconciliación contando mentiras. Hasta entonces, Maduro había centrado sus ataques verbales en el mayor rival de Santos, su antecesor ílvaro Uribe.
Más tarde el jueves, la canciller venezolana Delcy Rodríguez anunció a través de Twitter que por instrucciones de Maduro se llamó a consultas al embajador venezolano en Bogotá.
Rodríguez indicó que “revisaremos integralmente relaciones con Colombia” ante las “agresiones” que sufren los venezolanos por el “paramilitarismo” y la “guerra económica”.
El gobernante partido socialista venezolano fue quién convocó a la manifestación del viernes.
Algunos críticos colombianos y opositores al gobierno dentro de Venezuela apuntan que esta medida es un intento de Maduro para desviar la atención de la creciente inflación y la escasez de productos en los supermercados que enfrenta la nación petrolera.
La declaración del estado de emergencia permite que autoridades venezolanas registren casas sin orden judicial e irrumpan en reuniones públicas. Algunos colombianos que abandonaron el país se quejaron de abusos cometidos por el ejército en los últimos días, acusaciones que Caracas niega.
El cierre de los pasos fronterizos en Táchira está generando pérdidas millonarias a empresas y comercios que operan en la región y se teme que, de persistir el cierre, la situación económica se agrave. Además amenaza el sustento de decenas de miles de colombianos pobres que dependen del mercado negro para subsistir.