WASHINGTON. El Gobierno de Estados Unidos alertó ayer del “empeoramiento” de la situación humanitaria en la frontera entre Colombia y Venezuela, cerrada desde hace diez días, y subrayó la importancia de que se atiendan “las necesidades inmediatas de los deportados o desplazados”.
El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., John Kirby, señaló en un comunicado su “preocupación” por la crisis fronteriza entre ambos países, que ha llevado ya a más de 8 mil 250 colombianos, entre deportados y ciudadanos que se han marchado voluntariamente, a salir de Venezuela, según datos del Gobierno de Colombia.
En la ciudad colombiana de Cúcuta, principal paso fronterizo con Venezuela por su vecindad con San Antonio, en el estado Táchira, se concentra el grueso de la asistencia humanitaria para atender a estos colombianos.
La crisis se desató cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó cerrar ese paso fronterizo tras un ataque de supuestos contrabandistas a un grupo de militares venezolanos.
De acuerdo con Kirby, EE.UU. reconoce la importancia de proteger la frontera y de garantizar una migración “segura y ordenada”, pero a la vez cree que las deportaciones “deben llevarse a cabo de conformidad con el derecho internacional, el respeto de los derechos humanos de todos los involucrados y en coordinación con el país receptor”.
Además, EE.UU. cree que “los refugiados con problemas de protección reconocidos no deben ser deportados”, apuntó el portavoz.
Kirby subrayó, asimismo, que EE.UU. seguirá trabajando con el Gobierno de Colombia y la comunidad internacional “para asegurar el bienestar” de los desplazados o deportados.
El Departamento de Estado “apoya los esfuerzos de Colombia y Venezuela para resolver esta disputa diplomáticamente” y, además, está dispuesto “a trabajar con ambos países y otros socios regionales para encontrar una solución pacífica, humana y duradera”, afirmó el portavoz.
Tras el cierre entre Cúcuta y San Antonio, Maduro amplió el viernes el cierre del paso fronterizo a otros cuatro municipios del occidental estado del Táchira e informó del envío de tres mil soldados para reforzar la lucha que mantiene el Ejecutivo en esa zona contra el contrabando y el hampa.
Por su parte, el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, ha recurrido a instancias como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), con la esperanza de que ayuden a resolver la crisis con Venezuela.
Llegan más
El estado de excepción que Maduro amplió el viernes a cuatro municipios fronterizos provocó ayer otro éxodo de colombianos que, atemorizados ante la posibilidad de ser deportados, regresan a su país a través de rutas alternativas.
Maduro, que ya aplicó esta medida el pasado 21 de agosto a seis municipios limítrofes, anunció este viernes el cierre a la circulación fronteriza en otras cuatro localidades para luchar, dijo, contra el paramilitarismo y el contrabando.
Con la decisión, toda la frontera con Colombia a lo largo del estado de Táchira permanecerá cerrada, lo que supone cerca de 160 kilómetros de límite fronterizo de los 2 mil 219 kilómetros totales entre ambas naciones.
Tras el anuncio, muchos colombianos residentes en los alrededores de estos cuatro municipios han decidido emprender el regreso a su país por el temor de ser deportados, como le ha ocurrido en los últimos diez días a más un millar de compatriotas.
Colombia y Venezuela cuentan con tres puestos migratorios terrestres en Paraguachón (La Guajira), Cúcuta (Norte de Santander) y Arauca (Arauca), y uno fluvial en Puerto Carreño (Vichada), y el resto son cruces ilegales, muchos de ellos en zonas selváticas.
Por estos complejos senderos ha caminado durante horas Arleny Nieto, colombiana de 27 años que decidió abandonar la noche de este viernes su casa en la localidad de Boca del Grita, en Táchira, al ver aparecer dos tanquetas de soldados venezolanos.
“Llegaron unas tanquetas al pueblo y pedimos salir voluntariamente con los niños porque dicen que los quitan. Decidimos salir antes de que nos fueran a sacar a la fuerza o golpearnos y quitarnos a los niños”, cuenta Nieto a la agencia EFE tras llegar a Puerto Santander, localidad en territorio colombiano.
Al recordar las últimas horas, explicó que se puso en marcha en apenas minutos, los que tardó para salir con sus dos hijos de cinco y tres años y despedirse de su esposo venezolano, que decidió quedarse en la vivienda ante el temor de que esta sea derribada, tal y como ha ocurrido en otros municipios fronterizos.
Tras ocho años residiendo en Venezuela, Nieto apenas hizo una maleta con ropa para los menores y salió del pueblo “junto con otras 150 familias” que eligieron volver a Colombia a través de un complejo camino.
“Algunos pasamos por canoa y otros voluntariamente por el puente internacional La Unión”, contó.
Ahora, en Puerto Santander, espera para llamar a su esposo con el fin de saber qué ha ocurrido y decidir hacia dónde irá.
Cientos de casos como el de esta mujer ocurren desde hace 10 días en la zona fronteriza de ambos países.