WASHINGTON. El gobierno de Estados Unidos pidió ayer a Colombia y Venezuela buscar una solución diplomática a la crisis fronteriza que enfrenta a los dos países, y dijo que las deportaciones deben realizarse de conformidad con la ley internacional, respeto a los derechos humanos y coordinación entre las naciones involucradas.
Bogotá y Caracas llamaron a consultas a sus embajadores por la crisis que se desató hace más de una semana cuando el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de una parte de la frontera binacional después de un enfrentamiento de contrabandistas con militares que dejó gravemente heridos a dos uniformados.
Desde entonces, más de 1,000 colombianos han sido deportados, expulsados o repatriados, mientras que más de 7,000 regresaron voluntariamente por temor, generando una crisis humanitaria ante la necesidad de albergue, comida, salud y vestuario.
“El Departamento de Estado (de Estados Unidos) apoya los esfuerzos de Colombia y Venezuela para resolver el conflicto diplomáticamente y agradece iniciativas para abordar la situación en un foro multilateral apropiado. Estamos dispuestos a trabajar con ambos países y otros socios regionales para encontrar una solución pacífica, humana y duradera”, dijo un comunicado oficial.
“Respetamos la importancia de fronteras seguras y la migración segura y ordenada. Sin embargo, también creemos que las deportaciones deben realizarse de conformidad con la ley internacional respetando los derechos humanos de todos los involucrados y en coordinación con el país que los recibe”.
No obstante, Venezuela rechazó la oferta estadounidense para ayudar a encontrar una solución a la crisis y pidió a Washington “no inmiscuirse” en asuntos bilaterales de Bogotá y Caracas.
“Exigimos al gobierno de Estados Unidos no inmiscuirse en asuntos de índole estrictamente bilateral entre Venezuela y Colombia”, dijo en un mensaje publicado en la red social Twitter la canciller venezolana Delcy Rodríguez.
Colombia denunció que sus ciudadanos deportados fueron víctimas de atropellos y violaciones a los derechos humanos, aunque Caracas negó las acusaciones.
“La Revolución Bolivariana ha garantizado derechos humanos fundamentales al éxodo masivo de hermanos colombianos que no son atendidos por su país de origen”, dijo también la canciller venezolana en un mensaje por Twitter.
La extensa frontera terrestre de 2,219 kilómetros entre Venezuela y Colombia facilita el paso sin mayores controles, lo que favorece actividades ilegales como el contrabando de combustibles y alimentos.
Aunque el lenguaje entre los dos países aumentó de tono, Bogotá aseguró que es impensable romper relaciones con Venezuela, mientras que el gobernante Maduro dijo que estaría dispuesto a reunirse “solo” con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos “en donde quiera, como quiera y cuando quiera”.
A su turno, Santos pidió reuniones de emergencia con la Unasur y la OEA.
Para tratar la problemática fronteriza, los ministros de Exteriores de los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), se reunirán en Ecuador el próximo 3 de septiembre.
Por su parte, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) programó una reunión este lunes para decidir si se convoca una cita de cancilleres para tratar el tema.
Dirigentes de la oposición venezolana criticaron que el gobernante izquierdista Nicolás Maduro emprendiera una gira por Vietnam y China, mientras continúa la tensión con Colombia por el cierre de la frontera binacional.
El líder opositor Henrique Capriles señaló que Maduro dice estar “muy preocupado” por la situación en la frontera, mientras cae el precio del petróleo y aumenta la escasez de bienes de consumo y la inflación.
El alcalde de la ciudad colombiana de Cúcuta, Donamaris Ramírez, anunció por su parte que viajará a Washington para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Maduro por la deportación masiva de colombianos.