Un grupo de manifestantes opositores a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que volvió a salir ayer a las calles contra la mandataria, insultó al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, cuando paseaba por una céntrica avenida de Sao Paulo.
Los manifestantes, que reunieron a un grupo de decenas de personas en la Avenida Paulista, principal arteria de Sao Paulo, increparon a Cardozo cuando pasó cerca del lugar de la manifestación.
Según medios locales, los manifestantes llamaron “ladrón” al ministro y le dijeron “fuera PT”, en alusión al Partido de los Trabajadores (PT), la formación política de Rousseff.
El grupo, que pedía la destitución de Rousseff, llevó a la marcha un muñeco inflable que representa al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva vestido de presidiario, que ha sido utilizado en varias manifestaciones celebradas en las últimas dos semanas contra el Gobierno y contra la corrupción.
Los organizadores de la marcha contrataron a varios agentes de seguridad privada para proteger el muñeco, puesto que el viernes fue rasgado por una activista de izquierdas en otra marcha.
El PT ha pedido a la Policía que investigue quién es el dueño del muñeco, para emprender acciones legales por injurias y difamación.
Según la investigación en curso en Brasil, las principales constructoras del país formaron un cártel para manipular licitaciones de Petrobras mediante el pago de sobornos a directivos de la estatal vinculados a partidos políticos, que luego eran distribuidos entre los confabuladores.
Entre los políticos investigados figuran dirigentes del PT, fundado por Lula en 1980 y al que también pertenece Rousseff.
Lula no aparece en esa extensa lista, pero aun así un fiscal del Ministerio Público abrió hace diez días una investigación para determinar si incurrió en el delito de tráfico de influencias al promover en el exterior a empresas investigadas por la corrupción en la petrolera estatal.
Por esta razón, el grupo Transparencia Internacional ha decidido estudiar posibles casos de sobornos que pudieron haber sido realizados para apoyar el lavado de dinero por la administración pública encargada del Petrobras en diferentes países de mundo. Entre los países podemos encontrar: Argentina, Perú, Chile, Panamá, Perú, República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela y África.
En El Salvador, entre las empresas que resultaron ligadas al escándalo Petrobras están Odebrecht y Queiroz Galvão; seleccionadas por la CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa), durante el gobierno de Mauricio Funes, para ejecutar obras eléctricas en El Salvador.
Queiroz Galvão fue contratada para ampliar la presa hidroeléctrica 5 de Noviembre y Odebrecht fue preseleccionada para construir El Chaparral, cuyas obras fueron abandonadas a medias y pese a ello el Estado terminó pagando $108 millones.
Otra empresa investigada en el caso Petrobras es Intertechne, contratada por CEL para hacer dos diseños de la represa.