Guatemala vivió ayer un terremoto político por los nuevos hallazgos divulgados sobre la millonaria estructura de corrupción estatal bautizada como “La Línea”, cuyo organigrama, según las autoridades, era comandado por el presidente del país, Otto Pérez Molina, y su exvicepresidenta, Roxana Baldetti.
La Fiscalía y la CICIG identificaron al mandatario y a Baldetti como los poderes más altos de una trama de corrupción en el ente recaudador de impuestos, que en solo dos transacciones identificadas, de miles aún por analizar, recibió pagos por unos $200 mil.
Las autoridades señalaron originalmente en abril pasado, cuando se destapó el caso, al secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón Rojas, como la figura más alta del organigrama criminal, pero los documentos hallados en los allanamientos realizados en los últimos cuatro meses confirmaron la vinculación de la Presidencia.
La supuesta trama criminal operaba dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), donde ingresó más de 500 contenedores de manera ilegal con la complicidad de al menos 27 personas, entre funcionarios a todo nivel y particulares.
Las pruebas más contundentes, según Velásquez y Aldana, fueron localizadas en la computadora de Salvador Estuardo González, uno de los 27 detenidos, quien a pesar de no ser empleado de la SAT le envió el 13 de abril a Pérez Molina un informe sobre la recaudación aduanera.
En la computadora de González también fueron hallados detalles sobre pagos efectuados a Juan Carlos Monzón Rojas, quien es buscado por las autoridades guatemaltecas e internacionales desde el pasado 16 de abril.
“Afortunadamente (para la investigación) llevaban muy en orden los pagos”, explicó Velásquez en referencia a los hallazgos, en los que se incluyen tablas sobre el control y la distribución de los sobornos.
La CICIG y el Ministerio Público describieron en su momento a “La Línea” como “una red de tramitadores aduaneros que facilitaban el objetivo de pagar menos impuestos que los debidos” a la hora de ingresar mercancía al país centroamericano.
Para contactar con la estructura criminal, los importadores debían comunicarse con un número de teléfono conocido como “La Línea”.
Los empresarios que apelaban a “La Línea” pagaban solo una parte del impuesto establecido en las aduanas gracias a la red, cuyos miembros coordinaban que la operación tuviera éxito en puertos del Pacífico y Atlántico guatemaltecos.
El monto de lo defraudado no ha sido divulgado, pero, según medios locales, “La Línea” se quedaba con casi la mitad de lo que desembolsaban los importadores que apelaban a ella, y en un solo día llegó a adueñarse de unos 70 mil dólares.
El director de la SAT, Omar Franco, fue detenido el 16 de abril junto a su predecesor, Carlos Muñoz, además del director de Recursos Humanos, el jefe del sindicato y otros funcionarios y particulares involucrados en el caso.
La estructura tenía como líderes intermedios a Francisco Javier Ortiz Aldana, conocido como el “teniente Jerez”, y quien operaba desde una oficina bajo el nombre de “Boutique Emilio”, donde se repartían las ganancias y donde fueron decomisados más de 700 mil dólares.
Baldetti Elías y Monzón Rojas se encontraban en Corea del Sur cuando las autoridades destaparon la red, pero el entonces secretario no regresó a Guatemala y está buscado por autoridades locales y la Interpol.
En otro caso parecido, pero no vinculado con “La Línea”, la Fiscalía ha detenido en vías de investigación al yerno y ex secretario privado del presidente por una trama de sobornos pero en construcción de redes eléctricas.