BRASILIA. Según una nota de la sección de Economía del sitio perfil.com, la petrolera estatal brasileña Petrobras decidió poner en venta los activos de Petrobras Argentina (PESA), una decisión que cuando se concrete terminará con su salida del país, 13 años después de llegar en 2002.
El motivo, según la nota, es que la empresa brasileña esta asfixiada por una deuda que arrastra desde fines de 2014 y que supera los $90 mil millones.
Pero la decisión se tornó inevitable en un contexto signado por el escándalo del Lava Jato, la investigación judicial de la Policía Federal brasileña que destapó una multimillonaria red de coimas que alcanzó a ex directivos de la compañía e importantes empresarios de Brasil acusados de pagar sobornos en beneficio de funcionarios del gobierno de Dilma Rousseff y de dirigentes políticos del PT.
En rigor, a partir de 2011 la compañía brasileña, el cuarto mayor productor de petróleo del mercado doméstico, comenzó a desprenderse de algunos activos secundarios en el país.
Sin embargo, la iniciativa definida en estos días por la casa matriz de Río de Janeiro es mucho más ambiciosa: apunta a vender en un mismo paquete todas las unidades de negocio de Petrobras Argentina, según indicaron a perfil.com fuentes empresariales de máximo nivel y funcionarios públicos ligados a la operación cotidiana de la empresa.
La decisión ya es oficial: Petrobras envío el viernes una carta formal invitando a las principales petroleras del país a participar del proceso de venta. Fueron notificadas YPF, Pan American Energy (PAE), Pluspetrol y Tecpetrol (Techint), que tendrán hasta el 15 de julio para responder si tienen interés en pugnar por los activos. Se espera una agenda exprés: la intención es consumar la operación antes del cambio de gobierno.
Varias empresas son investigadas por su participación en la ‘Operación lavado de coches’, una trama de corrupción alrededor de Petrobras.
Se trata de empresas que presuntamente hincharon las facturas de obras contratadas por la compañía pública para pagar sobresueldos a políticos.
En El Salvador, entre las que resultaron ligadas al escándalo están Odebrecht y Queiroz Galvão; seleccionadas por la CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa), durante el gobierno de Mauricio Funes, para ejecutar obras eléctricas en El Salvador.
Queiroz Galvão fue contratada para ampliar la presa hidroeléctrica 5 de Noviembre y Odebrecht fue preseleccionada para construir El Chaparral, cuyas obras fueron abandonadas a medias y pese a ello el Estado terminó pagando $108 millones.
Otra empresa investigada en el caso Petrobras es Intertechne, contratada por CEL para hacer dos diseños de la represa. —AGENCIAS.