Los guatemaltecos llevan meses protestando contra la gran enfermad de los países latinoamericanos: la corrupción. Parece que el 2015 va a ser recordado como uno de los años en los que más casos de corrupción se han destapado en Latinoamérica, desde México hasta Chile, los abusos de poder y la apropiación indebida de fondos por parte de políticos no conocen fronteras.
En el caso de Guatemala y en palabras del exvicepresidente Eduardo Stein y del exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, ese país centroamericano está mandando señales preocupantes al exterior, pero en realidad se trata de la reacción de la sociedad civil ante la corrupción y constituyen un indicador de que mejores tiempos se aproximan.
Un factor clave para dejar al descubierto la corrupción y generar conciencia entre los guatemaltecos ha sido el trabajo de la Comisión Investigadora Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ambos lo explicaron de esta manera en Washington D.C. al participar en un foro sobre el panorama actual de Guatemala y el camino a seguir para lograr la tan ansiada reforma política, organizado por el Inter- American Dialogue.
Fuentes Knight reiteró que las numerosas manifestaciones, en las que llegaron a participar más de 50 mil personas, tenían dos objetivos muy claros: poner fin a la corrupción y renovar la clase política.
Hasta el momento se ha cumplido parcialmente uno de los objetivos: distintos funcionarios, entre ellos la vicepresidenta Roxana Baldetti, han dejado o han sido retirados de sus cargos, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha inhabilitado a algunos políticos, tal como al expresidente Alfonso Portillo, de poder optar a cargos de elección popular por carecer de idoneidad y honorabilidad, según el artículo 113 de la Constitución.
El exministro de Finanzas cree que las elecciones de Guatemala del 6 de septiembre no van a resolver el problema. El partido político LIDER, encabezado por Manuel Baldizón, también ha estado involucrado en los escándalos de corrupción.
El Ministerio Público (MP) y la CICIG solicitaron hace unos días ante la Corte Suprema de Justicia el retiro de la inmunidad a cuatro diputados de LIDER y a un alcalde para que puedan ser investigados abiertamente.
Fuentes Knight cree que la inestabilidad política que ha generado la no renuncia del presidente Otto Pérez Molina no favorece el plan de Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, impulsado por Washington, y considera que el actual mandatario debe renunciar para que la transición política sea menos turbulenta y para que el próximo presidente entienda que la corrupción ya no se aguanta.
Fuentes Knight también comentó que la presión popular ha generado una reforma a la ley electoral, pero el Tribunal Supremo Electoral ya aclaró que estas no tendrán vigencia para estas elecciones, sino para las otras.
“La inestabilidad política ha aumentado debido a que el presidente no ha resignado”, expresó con claridad el ponente, agregando que la detención del antiguo secretario general y yerno de Pérez Molina, Gustavo Martínez, por tráfico de influencias, es un indicio claro de que el propio mandatario podría estar involucrado en casos de corrupción.
Fuentes Knight reveló que en Guatemala se rumorea que el presidente no ha renunciado porque cuenta con el apoyo de Estados Unidos, aunque la mayoría de la población quiere que renuncie.
“El Gobierno ha debilitado más al Estado guatemalteco e impide que sea un compañero válido para Alianza para la Prosperidad”, sentencia Fuentes Knight.
Por su parte, Eduardo Stein explicó que la actual ley electoral no responde a las necesidades de la población y que actualmente la sociedad no encuentra una representación adecuada en los políticos.
Además, afirmó que algunas reformas, tales como prohibir el transfuguismo y la reelección indefinida en el Congreso, son necesarias.
El exvicepresidente también se quejó de la antigua política exterior de Estados Unidos hacia la región, en la cual ignoraban la corrupción de algunos mandatarios con tal de que estos no se opusieran a los intereses estadounidenses. Pero se mostró esperanzado con Alianza para la Prosperidad, la cual considera un proyecto con una visión holística, no solo enfocada en el tema de la seguridad.
Ahora bien, Stein aclaró que esto no significa que a Estados Unidos ya no le interese la seguridad. Las autoridades de seguridad estadounidenses saben que el Triángulo Norte representa una amenaza para la seguridad del país y desean estabilizar la región para detener el tráfico en su frontera. Lo novedoso de Alianza para la Prosperidad es que parece que se han dado cuenta de que para resolver el problema de violencia también hay que resolver el problema de seguridad.
¿COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN EL SALVADOR Y HONDURAS?
El Diario de Hoy le preguntó a ambos panelistas, exfuncionarios de su país, sobre cuál era su opinión ante la oposición a la posible creación de un órgano similar a la CICIG en El Salvador, expresada por representantes del gobierno y del partido oficial.
Stein dijo que él personalmente no era neutral antes estas críticas porque él fue el encargado de promover la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG ) durante su tiempo como vicepresidente. Explicó que, como cualquier institución, la CICIG ha tenido sus altos y bajos, pero definitivamente en los últimos casos ha jugado un papel central en las investigaciones de corrupción.
Por su parte, Fuentes Knight también defendió el papel de la CICIG y dijo que si finalmente se da un cambio en Guatemala, entonces la CICIG habrá jugado un papel muy importante en este.
En El Salvador y Honduras, algunos sectores de la oposición han exigido al Gobierno la creación de una Comisión contra la Impunidad, pero la respuesta ha sido la misma: no.
El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, afirmó: “Este gobierno descarta la posibilidad de solicitar algún mecanismo de intervención, ya que consideramos contar con la institucionalidad suficiente, con los mecanismos constitucionales suficientes, para poder resolver nuestros propios problemas”,
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue claro en su rechazo al expresar lo siguiente: “Si la CICIG hubiera sido la solución en Guatemala, no estuvieran en la crisis actual”.