GUATEMALA. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) despojó ayer de la inmunidad a la jueza Carol Patricia Flores, denunciada por la Comisión Internacional Contra la Inmunidad en Guatemala (Cicig) por supuesto enriquecimiento ilícito.
Flores, quien en 2013 ordenó anular un juicio por genocidio que se celebraba contra el exdictador Efraín Ríos Montt, es señalada por la Cicig de ser la propietaria de un lujoso inmueble que no corresponde a su salario.
La resolución de la CSJ fue aprobada por unanimidad, informó ayer a los periodistas el magistrado Rafael Rojas, y explicó que el caso será trasladado a Gestión Penal del Organismo Judicial para que se designe a un juez investigador.
La solicitud de antejuicio o despojo de la inmunidad fue planteada el pasado 30 de abril pasado por la Cicig y el Ministerio Público (MP) por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes, este último porque Flores no presentó su declaración jurada patrimonial.
De acuerdo con la Cicig, en las investigaciones se logró determinar que la jueza residía en un lujoso inmueble que a primera vista pareciera desbordar su poder adquisitivo.
La residencia está ubicada en el municipio de Santa Catarina Pinula, al sureste de la capital, y supera los 350,000 dólares, de acuerdo con las investigaciones judiciales.
La Cicig dijo en abril pasado que la jueza había ocultado este inmueble, lo cual es “reprochable” porque “afecta la transparencia que debe acompañar el ejercicio de la función pública por ella desempeñada”.
Entre otros casos de alto impacto, como jueza Flores conoció el proceso contra el exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt (1982-1983), acusado por la fiscalía de genocidio.
La jueza anuló el juicio que celebraba en abril del 2013 el Tribunal A de Mayor riesgo, entonces a cargo de Yassmin Barrios, y ordenó retrotraer el caso hasta noviembre de 2011 por errores en el proceso judicial.
Sin embargo, Barrios continuó con el debate y el 10 de mayo de 2013 condenó a 80 años de prisión al general retirado, pero 10 días después la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio, que inició el pasado día 23.
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia rechazó las peticiones de antejuicio presentadas contra el gobernante Otto Pérez Molina y el ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.
Según la CSJ, no encontró fundamentos sólidos para aprobar diligencias de antejuicio enderezadas por el ciudadano Bernardo Silva, dirigente del grupo denominado “Los Encadenados”, que desde mayo reclama la renuncia del mandatario -como lo hizo con Roxana Baldetti-.
La ex vicepresidenta renunció al cargo el pasado 8 de mayo luego del escándalo de corrupción conocido como “La Línea”, por defraudación aduanera, que involucra a funcionarios de gobierno.
Baldetti sigue bajo investigación por su posible participación en varios de los escándalos de corrupción, advirtió esta semana Iván Velásquez, jefe del ente internacional, durante una entrevista con la cadena Emisoras Unidas.
Por su parte, Pérez ha descartado renunciar y afirma que entregará el poder el 14 de enero del próximo año, cuando concluye su mandato de cuatro años.