GUATEMALA. Unos 21.6 millones de quetzales (2.81 millones de dólares) han sido inmovilizados hasta ayer a implicados en un millonario fraude al Seguro Social de Guatemala, según fuentes judiciales.
De acuerdo con el Juzgado Sexto de Instancia Penal, la mayor cantidad de dinero ha sido embargada a la droguería Pisa, implicada en la investigación.
La cifra, que publicó ayer la prensa local, asciende a 17.4 millones de quetzales (2.27 millones de dólares).
Mientras que a Juan de Dios Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y exsecretario privado del jefe de Estado Otto Pérez Molina, le han inmovilizado 4.2 millones de quetzales (548,302 dólares).
El fraude por más de 116 millones de quetzales (15.14 millones de dólares) fue descubierto en mayo pasado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y por el que están detenidas 17 personas.
La semana pasada el Juzgado dejó en prisión preventiva y ligados a proceso a estas personas, entre los que figura también el presidente del Banco de Guatemala (central), Julio Roberto Suárez.
También Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling.
A ella la acusan de estar involucrada en una red de defraudación aduanera y contrabando, desarticulada hace más de un mes en este país.
El sistema bancario deberá presentar un informe al Juzgado sobre las cuentas que sean congeladas a los integrantes de esta red denominada “IGSS-Pisa”.
El caso
En septiembre de 2014, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) contrató a la compañía Droguería Pisa de Guatemala Sociedad Anónima para que atendiera a los pacientes con insuficiencia renal. Hasta la fecha, han fallecido por peritonitis 15 personas que se sometieron al tratamiento con esa compañía.
La investigación del Ministerio Público y de la CICIG determinó que el grupo de detenidos “se concertó con el ánimo de obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato millonario a la Empresa Pisa”.
El contrato habría sido adjudicado por la junta directiva del IGSS, pese a que la empresa ganadora “no llenaba los requisitos, ni contaba con estructura básica para brindar el servicio a pacientes renales del IGSS”.
Fiscales del MP indicaron que los acusados “se habrían quedado con el 15 o 16 por ciento del total del monto del contrato que asciende a 116 millones de quetzales”.
El MP y la CICIG sostienen que Molina Stalling fue quien negocio las comisiones para que Pisa saliera favorecida.
El abogado Iván Velásquez, a cargo de la CICIG de la ONU, explicó que, durante el último trimestre del año pasado, su ente tuvo conocimiento de irregularidades en la tramitación de ese contrato en el que intervenían funcionarios y personas particulares a cambio de “comisiones improcedentes”.
El escándalo de corrupción en el Seguro Social es el segundo que descubre el MP y la CICIG en los últimos 45 días, después de desarticular el pasado 16 de abril una supuesta red de contrabando y fraude aduanero que provocó el 8 de mayo la renuncia de Roxana Baldetti a la vicepresidencia del país. —AGENCIAS.