WASHINGTON. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández descartó ayer que el Congreso estadounidense rehúse desembolsar los $1,000 millones que solicitó el presidente Barack Obama para Centroamérica a raíz de los escándalos de corrupción surgidos recientemente en su país y en Guatemala.
Hernández defendió los esfuerzos de su gobierno por combatir la corrupción de funcionarios públicos y atribuyó las recientes protestas multitudinarias no solo a ciudadanos indignados, sino también a líderes opositores y a sectores molestos con su lucha contra el narcotráfico y con un incremento del 22 % en la recaudación fiscal.
“Hemos detectado que se han sumado a las marchas personas ligadas a empresas que fueron incautadas por narcotráfico”, dijo el mandatario a la prensa durante su visita a la capital estadounidense para reunirse con el vicepresidente Joe Biden y el secretario general de la OEA Luis Almagro.
Hernández manifestó que ha extraditado a 13 de 23 hondureños solicitados por Estados Unidos como sospechosos de narcotráfico, pero que esas personas “dejaron carteles queriendo operar, y obviamente no van a cesar hasta el día que yo esté fuera de la presidencia”.
Miles de personas han salido en días recientes a las calles al conocerse varias denuncias de corrupción, incluyendo una por más de $100 millones al sistema de seguridad social de Honduras por parte de empresas que también habrían financiado la campaña del Partido Nacional, que llevó a Hernández a la presidencia del país.
El presidente dijo que congresistas de ambos partidos han visitado Honduras en semanas recientes mientras evalúan la conveniencia de destinar $1,000 millones a Centroamérica para evitar que se repita un flujo de decenas de miles de menores centroamericanos que llegaron el año pasado a la frontera estadounidense sin acompañantes adultos ni documentos, huyendo de la violencia y la pobreza.
Hernández citó a las causas judiciales abiertas a raíz de la intervención de siete despachos, como ejemplos del compromiso de su gobierno para combatir la corrupción.
“No veo mayor preocupación. Los congresistas que han ido a Honduras tienen una idea clara”, indicó sin identificarlos.
Sin embargo, un estudio presentado la semana pasada por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales calcula que el costo de la corrupción en Honduras asciende al 10 % del producto interno bruto y consume dos terceras partes de los ingresos fiscales del estado.
El gobierno de Obama expresó este mes su preocupación ante la posibilidad de que el Congreso recorte los fondos solicitados. —AGENCIAS