MÉXICO. Sin importar las siglas del partido, los candidatos a las elecciones mexicanas de este domingo 7 de junio, llevan semanas sufriendo ataques y asesinatos, en unos comicios amenazados de boicot por parte de los sindicatos de maestros y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero.
A esto hay que agregar la fuerte caída de la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto, la creciente penetración del narcotráfico y el desencanto popular con los partidos tradicionales.
Pese a que los mensajes del gobierno mexicano buscan reflejar normalidad, como cuando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, negó hace unos días que el Gobierno se haya visto rebasado por la violencia y aseguró que el país “no está en llamas”, los ataques han hecho saltar las alarmas.
El propio secretario reconocía que al menos veinte candidatos están recibiendo protección por parte de las autoridades y admitía la imposibilidad de otorgarla a los miles de candidatos que se presentan a los comicios.
Este domingo, México renovará gobernadores en nueve estados, 500 diputados federales y más de 1,200 cargos estatales y municipales. De acuerdo a las autoridades electorales, ésta es una de las mayores votaciones de la historia y también la más compleja por las amenazas de boicot y la violencia del crimen organizado que ha dejado unos 20 muertos, entre precandidatos, candidatos y miembros de los equipos de campaña.
Según los expertos, se ha registrado un incremento significativo de la violencia en relación con los procesos de 2012 y 2009, cuando ya se produjeron algunos asesinatos de candidatos.
Pese a que son cuatro los estados donde más violencia se ha registrado en los últimos meses por la lucha entre cárteles del narco (Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco), los eventos trágicos contra candidatos o sus equipos se han sucedido en los distintos estados de la república.
El aluvión de asesinatos es visto por los especialistas como una advertencia para mejorar los protocolos de seguridad con que cuentan los candidatos, que a su vez debería reflejar con más transparencia los riesgos, conflictos de interés o eventuales presiones del crimen organizado.
En este tiempo han sido muchos los que no han aguantado y se han tenido que retirar de la campaña por amenazas.
Tensión
Pero no son solo las actuaciones del narco lo que está tensando el proceso electoral.
El llamamiento al boicot por parte de sindicatos de maestros y de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en la ciudad de Iguala hace temer que la violencia contra los lugares electorales se incremente en los últimos días. Ayer hubo un enfrentamiento de maestros con policías en Guerrero que dejó 15 heridos.
Especialmente en el estado de Guerrero, donde los padres exigieron que no se celebraran los comicios por la inexistencia de condiciones, debido a la alta violencia, una opción desechada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Estos han anunciado su intención de impedir los comicios mientras no se aclare el paradero de sus hijos y se aparte a los candidatos que, a su juicio, están vinculados al narcotráfico.
Otro de los estados más candentes es el sureño Oaxaca, donde miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desde el 1 de junio se ha tomado instalaciones del INE para evitar la celebración de comicios.
Los maestros iniciaron el lunes un paro indefinido de labores y movilizaciones en varios estados del país para exigir la derogación de la reforma educativa promulgada hace dos años por el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.
El secretario general del CNTE, Rubén Núñez, aseguró que el boicot al proceso electoral no se detendrá, independientemente de que la Secretaría de Gobernación (Segob) les dé o no respuesta a su pliego petitorio del 1 de mayo, en el que se incluyen 11 puntos en contra de dicha reforma.
Entre otras acciones, los maestros anunciaron que bloquearán la instalación de las casillas en las escuelas y que iniciarían la “caza” de los vehículos oficiales del INE, que transporten papelería o funcionarios.
Pese a que el ente electoral asegura que el país entero está listo para las elecciones, los distintos focos de tensión o de violencia mantienen despierta la posibilidad de que en algunas zonas no puedan celebrarse en su totalidad.
El pasado lunes, las protestas de maestros oaxaqueños, tanto en la capital del estado, como en otras localidades, provocaron la quema de 18 paquetes electorales en Juchitán y la sustracción de otros 23 paquetes cuando iban a ser entregados a los funcionarios de una casilla de votación.
Según el diario El Universal, un total de ocho estados estuvieron afectados por la destrucción, robo y quema de boletas electorales, ataques con bombas molotov a las instalaciones del INE e incluso el asesinato de funcionarios. Los estados que registraron actos de vandalismo el lunes fueron Oaxaca, Puebla, Veracruz, Yucatán, Guerrero, Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí.
El propio ejército, encargado de la custodia del material electoral, ha retrocedido para evitar un baño de sangre.
Ante esto, el INE valoró que la violencia y destrozos que han sufrido sus sedes y la de órganos locales electorales.
“Las elecciones no se van a hacer a fuerza pero tampoco queremos que por la fuerza se impida la organización de las elecciones”, aseguró el presidente de la Comisión de Organización y Capacitación del INE, Arturo Sánchez Gutiérrez.
Los 11 consejeros acordaron mantenerse en reuniones permanentes en las próximas horas para valorar lo que ocurra.
Además, determinaron mantenerse en mesa de consejeros de manera permanente, pues la situación es delicada, pero no está en riesgo la elección. Preocupa, indicó el consejero Marco Antonio Baños Martínez, porque desde que hace 25 años se creó el Instituto Federal Electoral (hoy INE) “nunca tuvimos incidentes de estas naturaleza”, de ataques directos los días previos a la elección.
Todas las encuestas colocan a los partidos muy por debajo de la línea básica de confianza. El estudio reciente es demoledor.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Mexicano para la Competitividad entregaron una investigación titulada México: anatomía de la corrupción, la cual dice que nueve de cada 10 personas consideran que los partidos políticos en México son corruptos.
Efectivamente, de los 13 mil candidatos a algún puesto de elección popular solo 500 han hecho pública su declaración patrimonial, de ingresos al fisco y una declaración de intereses potencialmente conflictivos. —AGENCIAS