GUATEMALA. En medio del escándalo que vive Guatemala por el caso de corrupción que salpica al gobierno, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convoca hoy de forma oficial a los comicios generales que se celebrarán en septiembre para elegir al presidente y vicepresidente para el período 2016-2020, además de otros funcionarios.
El TSE, organismo que preside Rudy Pineda, dará “luz verde” al proceso electoral durante una actividad oficial con el pleno de los magistrados que se realizará en el teatro nacional Miguel Ángel Asturias.
El portavoz del Tribunal, Marco Julio Ochoa, comentó que las autoridades giraron al menos 1,200 invitaciones para el acto, entre ellas, varios miembros del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala y representantes de los diferentes partidos políticos.
Ochoa agregó que mañana los partidos políticos ya pueden comenzar a inscribir en el Registro de Ciudadanos (RC) a sus candidatos para los comicios generales.
Según el funcionario, hasta ahora están inscritas y autorizadas para postular candidatos 24 organizaciones partidarias. Y explicó que la fecha límite para registrar a los cargos de elección popular se cerrará 60 días antes del día de las votaciones que será anunciada hoy.
En el padrón electoral figuran, por el momento, 7.57 millones de guatemaltecos para emitir el sufragio, pero el TSE realiza campañas de empadronamiento para llegar a los 8.2 millones, añadió.
En las elecciones generales de septiembre, los guatemaltecos deben elegir además del presidente y vicepresidente, a 158 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 338 corporaciones municipales para el periodo 2016-2020.
Pero mientras el TSE arranca con el proceso electoral, el gobierno actual vive un cisma por el escándalo de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala que ha tenido que nombrar un intendente interino de aduanas, tras la destitución el pasado lunes de la titular de la institución, Claudia Azucena Méndez Asencio.
La funcionaria fue despedida una semana después de afirmar, en rueda de prensa, que no tenía conocimiento de la estructura de contrabando en las aduanas, aunque sí reconoció que sabía de “otros actos corruptivos” porque “las debilidades no son de ahorita”.
Por ese caso, el pasado 16 de abril fueron arrestadas 21 personas acusadas de contrabando y defraudación aduanera, incluidos el titular de la entidad en aquel momento, Omar Franco, y su antecesor en esa dependencia, Carlos Muñoz.
Pero el caso se vuelve aún más grave porque, según la Fiscalía y la Cicig (Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala), el cabecilla de esa red criminal es Juan Carlos Monzón, quien fungía como secretario privado de la vicepresidenta de la República de Guatemala, Roxana Baldetti.
Monzón se encuentra prófugo de la justicia y las autoridades de Guatemala anunciaron que ofrecen una recompensa de 100,000 quetzales (12,900 dólares) por información que permita la detención del exfuncionario.—AGENCIAS.