BRASILIA. El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, reiteró ayer que “no hay razones jurídicas” para iniciar un juicio con miras a la destitución de la mandataria Dilma Rousseff, como exigieron algunos grupos que protestaron el domingo contra el gobierno.
“Para un proceso de destitución es necesario tener fundamentos jurídicos, no políticos”, declaró a los periodistas el presidente de la Cámara de Diputados, organismo responsable por tramitar cualquier pedido de esa naturaleza.
Según Cunha, las razones jurídicas necesarias para dar cabida a un proceso de destitución “no existen”, por lo que toda solicitud en ese sentido será rechazada por la Cámara de Diputados.
El pasado domingo unas 700,000 personas tomaron las calles de unas 150 ciudades de todo el país para protestar por la delicada situación económica y los escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que salpican al Gobierno y al Partido de los Trabajadores (PT), en el poder.
Las protestas tuvieron menos intensidad que las convocadas el 15 de marzo pasado, cuando las autoridades calcularon que movilizaron a cerca de dos millones de personas.
Tanto en la primera como en la segunda jornada de protestas hubo grupos que demandaron el inicio de un juicio político contra Rousseff.
Una encuesta divulgada el pasado sábado por la firma Datafolha indicó que la tasa de aprobación del gobierno de Rousseff, quien el 1 de enero pasado inició su segundo mandato, se sitúa en un escaso 13 %.
El sondeo también señaló que el 75 % de las personas consultadas aprueba las manifestaciones y que un 63 % apoyaría la apertura de un juicio político contra Rousseff, por su supuesta responsabilidad en las corruptelas que se investigan en Petrobras.
El escándalo en el seno de Petrobras comenzó a ser investigado en marzo del año pasado cuando se detectó una red que adjudicaba irregularmente los contratos de la petrolera a constructoras que elevaban artificialmente los precios para repartir la diferencia en sobornos pagados a funcionarios y legisladores.
A lo largo de las investigaciones, fueron arrestados 5 ex altos cargos de la empresa y una decena de ejecutivos de importantes constructoras. Algunas empresas aceptaron acuerdos de colaboración con la justicia a cambio de una futura reducción de penas y denunciaron a unos 50 políticos que habrían permitido las ilegalidades.
Entre las empresas ligadas al escándalo están Odebrecht y Queiroz Galvão; seleccionadas por la CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa), durante el gobierno de Mauricio Funes, para ejecutar obras eléctricas en El Salvador.
Queiroz Galvão fue contratada para ampliar la presa hidroeléctrica 5 de Noviembre y Odebrecht fue preseleccionada para construir El Chaparral. —AGENCIAS.