La SIP denuncia que en Nicaragua la situación de la libertad de prensa se ha ido deteriorando debido a la estrategia del gobierno sandinista de Daniel Ortega y la primera dama, Rosario Murillo, de controlar los medios críticos con la ayuda del empresario Ángel González, conocido como “El Fantasma”.
En el informe relacionado al país vecino, el organismo señala que el gobierno nicaragüense controla la opinión pública a través del “acopio” de medios de comunicación.
En el documento explica que eso significa que “va apoderándose o neutralizando” todos los medios de comunicación que puede y que para ello se vale del “duopolio”, el cual ya ha sido denunciado en reportes anteriores pero que tuvo un nuevo capítulo.
“La familia presidencial Ortega-Murillo controla el canal 2 que ya había pasado antes a manos de Ángel González, quien ahora se quedó con el canal 7 que antes era una repetidora del canal 2. González no permite que en sus canales se critique al gobierno. Tiene los canales 9, 10, 11 y 7, y es dueño de la empresa RATENSA, con al menos tres radioemisoras FM”, detalla el informe de la SIP.
Y agrega que la familia presidencial “controla los canales 2, 4, 6 (canal del Estado), 8, 13 y 47 y el 91 de suscripción por cable. Queda solo el canal 12 como independiente”.
El magnate mexicano Ángel González también ha sido denunciado en otros países de Latinoamérica por la misma práctica. Algunos de esos países han sido Argentina, Ecuador, México, Guatemala y otros.
En El Salvador es ligado a la empresa TVRED y a la compra de la frecuencia radial en AM (amplitud modulada) y al repentino cambio de frecuencia del canal 37 al canal 11, lo cual ha sido denunciado por las televisoras locales en las instancias judiciales.
El secretismo oficial
Y al igual que en otros países del continente, la SIP apunta que el gobierno de Ortega “sigue usando el secretismo” ya que ningún ministro o funcionario está autorizado a dar información de ninguna clase a los medios que no sean afines al gobierno.
Asimismo, indica que la ley de acceso a la información no se cumple, ya que a todos los ministerios y entes autónomos “se les prohíbe dar publicidad a los medios que no sean afines al gobierno”. Como ejemplo de ese hermetismo el informe señala que Ortega, desde que asumió la presidencia hace ocho años, no ha dado una sola conferencia de prensa.
Además, menciona en el documento los ataques contra periodistas en ese país.
Cita el caso de la fotógrafa belga Michèle Sennesael, quien fue arrestada el 21 de diciembre de 2014 mientras tomaba fotografías de las protestas de los campesinos por la construcción del canal interoceánico en El Tule, departamento de Río San Juan. Fue deportada al día siguiente.
“Nadie nunca me explicó algo”, afirmó Sennesael sobre su detención y deportación del país. Denunció que le robaron todo su equipo de trabajo valorado en 10 mil euros, dice en el reporte de la SIP.
También apunta que Telcor, ente regulador de las Comunicaciones en Nicaragua, ordenó el cierre y la confiscación de los equipos del canal 29 en banda UHF y retransmitido en el canal 49 en la señal de una empresa de cable; ambos canales son propiedad del jordano nicaragüense Haitham Naim Abu Shehab, quien es crítico del gobierno, aunque dice que se considera sandinista.
Otro caso denunciado de ataques a la prensa fue la expulsión de periodistas de una de las oficinas del Ministerio de Salud, después que intentaron entrevistar a la ministra del ramo sobre la construcción de un hospital.
Y el otro ejemplo es el de Edwin Castro, jefe de bancada del oficialista FSLN en la Asamblea Nacional, quien “prohibió” que el diario La Prensa publicara un reportaje sobre él o de lo contrario tomaría acciones judiciales contra el periódico. El medio decidió no publicarlo debido a las amenazas.