PANAMÁ. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó en su clausura que la principal amenaza contra los periodistas americanos son los asesinatos y que Argentina, Venezuela y Ecuador son los países del continente donde es más complicado ejercer el periodismo.
“Determinados regímenes en países como Venezuela, Ecuador o Argentina persiguen el periodismo, lo acosan, lo restringen a través de legislación y establecen censuras u obligan a la autocensura”, precisó el presidente de la SIP, Gustavo Mohme.
Aunque la SIP concluyó que la principal amenaza que sufren los periodistas del continente siguen siendo los asesinatos, hizo especial hincapié en las acciones gubernamentales que entorpecen el desempeño del periodismo.
Entre ellas mencionó la censura, el acoso tributario a las empresas de comunicación, el acaparamiento gubernamental del espacio de radio y televisión, y el acceso libre a la información pública.
“En el afán de controlar el espectro de las comunicaciones, sigue adelante la estrategia que utilizan algunos gobiernos como el argentino, el ecuatoriano y el venezolano, para adquirir empresas periodísticas a través de testaferros o de acaparar espacios de radio y televisión, desde los cuales se atacan a sus críticos”, enfatiza la SIP.
Así afirma un documento con las conclusiones de la reunión semestral emitido por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, que ayer aprobó informes por país, conclusiones y resoluciones.
En el caso de Argentina “el escenario es crecientemente complejo para el periodismo”, principalmente por la proximidad de las elecciones presidenciales y por el asesinato en enero pasado del fiscal Alberto Nisman.
Nisman fue hallado muerto de un disparo en la cabeza la víspera de detallar ante una comisión del Congreso argentino la denuncia que había presentado contra la presidenta del país, Cristina Kirchner, por el caso del atentado contra la mutua judía AMIA (UFI-AMIA), que en 1994 causó 85 muertos.
La SIP rechazó la “intimidación y estigmatización oficial” contra periodistas y medios de la Argentina porque implica “censura indirecta”, al tiempo que solicitó a las autoridades que eviten “alimentar un clima de violencia contra el periodismo y, en general, contra quien exprese opiniones diferentes”.
Alertó que se “cruzó un nuevo límite” cuando el exjefe de Gabinete, Jorge Capitanich rompió en público dos páginas del diario Clarín “para intentar desmentir su contenido, que además se confirmó verdadero”.
En el informe sobre Venezuela, el más amplio de todos, se apunta que “la hegemonía comunicacional de Estado es un hecho indiscutible”.
Mohme calificó de “heroica” la labor del “puñado de periodistas independientes” que todavía siguen ejerciendo la profesión en Venezuela.
En Venezuela ocho tuiteros han sido procesados en los últimos meses, y más de 400 periodistas venezolanos han tenido que emigrar por razones de seguridad.
Por su parte, en Ecuador, ya se han aplicado más de 30 sanciones a medios, periodistas y caricaturistas y se han cerrado dos estaciones de radio.
La organización fue especialmente crítica con Ecuador, en especial sobre la Ley de Comunicación, aprobada por la Asamblea en junio de 2013. Por ello, la SIP resolvió “denunciar que la Ley de Comunicación no es un instrumento para democratizar la comunicación, y que su aplicación restringe la libertad de expresión y de prensa”.
“Se busca silenciar y desprestigiar ya no sólo a los medios de comunicación sino a quién ejerce opinión o creen, según esa visión, que hacen oposición”, según el informe de la SIP sobre Ecuador.
Violencia
Mohme dijo también que los periodistas de las zonas periféricas “son los más vulnerables” y lamentó la impunidad de muchos asesinatos.
“La principal amenaza de los periodistas en América son los asesinatos, parte cometidos por el crimen organizado, aunque a veces son crímenes con tintes políticos. La impunidad agrava más la situación”, señaló.
Según datos de la organización, este semestre se registraron ocho asesinatos de periodistas en Colombia, Honduras, México, Paraguay y Perú, así como centenares de agresiones físicas y varios sometimientos judiciales que afectan a reporteros y empresas de comunicación.
El problema de la libertad de expresión, según la SIP, no sólo compete al centro y al sur del continente, sino que también a EE. UU. y Canadá.
“Hemos sido muy críticos con las intervenciones del gobierno norteamericano a través de las redes sociales y con el apresamiento de un periodista por no revelar sus fuentes. Hemos cuestionado duramente al presidente Barack Obama”, señaló Mohme.
Según el informe, en Puerto Rico prevalecen restricciones a periodistas y medios para acceder con normalidad a esas fuentes y en Barbados persiste la duda de si una ley de acceso, largamente esperada, podrá entrar en vigencia. En El Salvador, esto se ha convertido en práctica común en los tres poderes del Estado.
En el caso de Costa Rica, dice el informe, se ha llegado al colmo de negar la información sobre la identidad de las personas que visitan la sede del Poder Ejecutivo alegándose que demasiada transparencia pone en riesgo la seguridad y la soberanía del país.
Mohme animó también a ser más optimistas y a no quedarse sólo con los “aspectos negativos” y destacó el “avance significativo en materia de libertad de expresión” que se está dando, por ejemplo, en países como Colombia.
Alabó además el compromiso con la libertad de prensa del mandatario panameño Juan Carlos Varela, que inauguró el sábado la reunión semestral de la SIP. Él se comprometió entonces a transmitirles a los Jefes de Estado del continente, que se reunirán en Panamá los próximos 10 y 11 de abril, la situación de los medios de comunicación americanos.
En el informe de las resoluciones, la SIP señaló que hay asesinatos de periodistas que han quedado impunes o que no se han resuelto en países como Brasil, Colombia y México.
El organismo instó a los gobiernos de estos países a reabrir las investigaciones y castigar a los culpables conforme lo dicte lo ley. —AGENCIAS.