BRASILIA. Más de un millón de personas tomó ayer las calles de ciudades de todo Brasil para protestar contra la presidenta, Dilma Rousseff, y para clamar “basta” a la corrupción que carcome la petrolera Petrobras y otros organismos públicos.
La marcha más numerosa, con gran diferencia, se dio en Sao Paulo, donde cerca de un millón de personas, según cálculos de la Policía, se congregó en la céntrica Avenida Paulista, convocado por grupos opositores sin vínculo declarado con partidos políticos.
En decenas de ciudades, entre ellas Brasilia, Río de Janeiro, Belo Horizonte (sureste), Fortaleza (noreste) y Porto Alegre (sur) hubo concentraciones de al menos decenas de miles de personas, que pusieron en evidencia el creciente descontento de las clases medias con el Gobierno brasileño.
La mayoría de manifestantes en todo el país vestía ropas amarillas y verdes, colores de la bandera brasileña, y no llevaban distintivos de partidos políticos.
En Brasilia unas 50 mil personas marcharon de forma pacífica hasta las inmediaciones del Congreso, que fue acordonado por la policía para evitar que, como ocurrió durante las protestas de junio de 2013, la población se subiera a las cúpulas de la sede legislativa.
Los principales líderes de la oposición no participaron en las marchas, aunque en los últimos días sí dieron su apoyo expreso a las protestas, vistas con recelo por el Gobierno por los pedidos expresos de que se inicie un juicio político a Rousseff con miras a su destitución.
El excandidato presidencial Aécio Neves, que no salió a la calle, difundió un mensaje a través de internet en el que animó a los brasileños a “no dispersarse” puesto que consideró que “el camino sólo está comenzando a ser andado”.
En las calles, los constantes gritos “Fuera Dilma” y los reclamos a favor de la destitución de Rousseff, quien inició su segundo mandato hace apenas 74 días, el pasado 1 de enero, fueron frecuentes en todos los actos.
Otros cargaban carteles con mensajes acusando a su antecesor, Luiz Inacio Lula da Silva, de corrupto.
“¡Fuera corruPTos del gobierno!”, clamaban varios de los carteles, haciendo un juego de palabras con la sigla del partido de gobierno y sus implicancias con los dos mayores escándalos de corrupción de la historia del país: el ahora llamado “petrolao” y el “mensalao”, nombre que se le dio al pago de sobornos mensuales a legisladores, a cambio de apoyo, durante el gobierno de Lula.
El punto común de todas las marchas fue el rechazo frontal a la corrupción, en especial del caso Petrobras, que los manifestantes achacaron en gran medida al Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff y de Lula da Silva, que tiene el poder desde 2003.
El escándalo en el seno de Petrobras, investigado por la policía desde hace un año, ha ganado dimensión en las últimas semanas con la apertura de investigaciones a cerca de 50 políticos, en su mayoría oficialistas.
La fiscalía mantiene que más de 800 millones de dólares fueron pagados en sobornos a políticos y funcionarios de Petrobras por las principales compañías de construcción e ingeniería del país a cambio de contratos sobrevaluados con la petrolera.
Altos ejecutivos de las constructoras ya fueron acusados formalmente.
Rousseff no ha sido acusada de crimen alguno y no está siendo investigada.
En el escándalo de corrupción en Brasil están ligadas las empresas Odebrecht y Queiroz Galvão, preseleccionadas en El Salvador durante el gobierno de Mauricio Funes, para ejecutar obras hídricas.
Queiroz Galvão fue contratada para ampliar la presa hidroeléctrica 5 de Noviembre y Odebrecht fue preseleccionada para construir El Chaparra.
“La gente se siente engañada por los mensajes de su campaña en 2014”, dijo el analista David Fleischer. “Quieren que Dilma corrija la situación, que agite a Petrobras para el bien de todos y no sólo para encubrir el escándalo”.
“El Gobierno debe descender del pedestal, llamar a la sociedad civil, a sus aliados, convocar al país para intentar una suerte de pacto porque podría estar en juego la propia sobrevivencia de este gobierno”, dijo a una agencia internacional el analista político de Brasilia, André César, quien destacó la fuerza de las protestas.
El caso Petrobras y el deterioro de la economía, en especial debido al alza de la inflación, han contribuido para erosionar rápidamente la popularidad de Rousseff que, casi cinco meses después de ganar las elecciones, ronda el 20 %, según las últimas encuestas.
En Río de Janeiro y en Sao Paulo pequeños grupos exigieron una “intervención militar” para deponer a Rousseff, coincidiendo ayer con el trigésimo aniversario de la investidura del expresidente José Sarney, el primer jefe de Estado civil después de una dictadura militar que se prolongó por 21 años (1964-1985).
“Yo no quiero que mi país se convierta en Venezuela, no queremos un gobierno autoritario”, dijo Marlon Aymes, de 35 años, quien portaba con otros una enorme bandera que leía “Ejército, Armada y Fuerza Aérea: Por favor, sálvenos una vez más del comunismo” en la manifestación de Río de Janeiro. “Queremos que el ejército disuelva al Congreso y convoque nuevas elecciones, debido a que el nivel de corrupción es demasiado extenso para hacer otra cosa”.
Las críticas a la política económica del Gobierno y a las medidas de austeridad anunciadas para recuperar las cuentas públicas también se oyeron en decenas de ciudades.
La jornada de protestas fue pacífica y tan sólo se registraron algunos incidentes menores y puntuales rápidamente atajados por la policía.
En Sao Paulo la policía hizo varios arrestos de jóvenes que portaban artefactos pirotécnicos, mientras que en Río de Janeiro un grupo intentó agredir a un manifestante favorable a Rousseff.
Mientras, la presidenta brasileña se encontraba ayer en la residencia oficial de la Presidencia en Brasilia y se reunió durante la jornada con su ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, para evaluar la evolución de las protestas.
Según medios locales, la mandataria prepara un paquete de medidas anticorrupción que espera enviar al Congreso en los próximos días.
—AGENCIAS.