RÍO DE JANEIRO. La Contraloría General de Brasil abrió ayer un proceso administrativo a diez grandes empresas, que se suman a otras ocho investigadas desde diciembre, por su relación en la trama de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Entre las empresas investigadas, que pueden ser excluidas de cualquier licitación pública si son halladas culpables de las irregularidades, se encuentran Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, y dos de sus subsidiarias: Odebrecht Óleo e Gás y Odebrecht Ambiental.
Además se abrió un proceso a Andrade Gutierrez, Alumni Engenharia, GDK, Promon Engenharia, Fidens Engenharia, y dos empresas del sector petrolero, Sanko Sider y SOG Óleo e Gás.
El pasado diciembre la Contraloría abrió procesos administrativos contra las constructoras Camargo Correa, Engevix, Galvão Engenharia, Iesa, Mendes Junior, OAS, Queiroz Galvão y UTC-Constran.
Tanto Odebrecht y Queiroz Galvão están ligadas las empresas a proyectos hídricos en El Salvador. Ambas fueron preseleccionadas por la CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa), en el gobierno de Mauricio Funes, para ejecutar obras eléctricas en El Salvador. Queiroz Galvão fue contratada para ampliar la presa hidroeléctrica 5 de Noviembre y Odebrecht fue preseleccionada para construir El Chaparral.
Entre tanto, las investigaciones continúan abiertas y la Contraloría de Brasil no descarta que se abran procesos administrativos a otras compañías que tenían contratos fraudulentos con Petrobras.
Los procesos de la Contraloría pueden acarrearles a estas empresas la prohibición de firmar nuevos contratos en licitaciones públicas, además de la aplicación de multas y otras penas.
Esto podría dejar fuera del mercado a las cinco mayores constructoras de Brasil: Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correa, OAS y Queiroz Galvão, que se suelen repartir la mayoría de las obras públicas del país.
Las investigaciones de la Policía se desarrollan desde hace cerca de un año y han encontrado indicios de que las constructoras llegaron a un acuerdo para elevar el precio de los contratos con la petrolera, para repartir esos fondos entre ejecutivos de Petrobras y decenas de políticos.
Hasta ahora la Policía ha detenido a tres exdirectivos de la petrolera y a un grupo de ejecutivos de estas grandes empresas.
El Tribunal Supremo también ha ordenado abrir investigaciones a 49 políticos con foro privilegiado, entre ellos 12 senadores, 22 diputados y 12 exparlamentarios de cinco partidos, en su gran mayoría de la base oficialista.
La vasta red de corrupción está enquistada en la petrolera estatal desde hace más de una década y, según las investigaciones, se puede haber apropiado de decenas de millones de dólares.
La inestabilidad política generada en Brasil a raíz del “caso Petrobras” y las consecuencias que dicha fragmentación pueda tener sobre la economía pusieron en jaque esta semana el mercado local y reforzaron la depreciación del real, que ha perdido 15 % de su valor en lo que va del año.
La tormenta perfecta que sobrevuela el gigante latinoamericano, generada por un gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera y una economía cada vez más debilitada, ha llevado a los inversores brasileños a mantener un clima de cautela ante la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en los próximos meses, tanto en clave política como económica.
“El deterioro del escenario político que ha tenido lugar esta semana ha aumentado el riesgo de que el Gobierno no consiga implementar las medidas de ajuste fiscal”, dijo el analista Rafael Ohmachi, de la correctora SLW.—AGENCIAS.