Miami. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó ayer que el jefe de Gabinete de Argentina haya roto páginas del diario Clarín, crítico del gobierno, durante una conferencia de prensa en rechazo a artículos publicados por tres periodistas.
“Es una desgracia que la presidenta y sus más directos colaboradores caigan en la detestable práctica que desarrolla con frecuencia y entusiasmo el presidente Rafael Correa, de Ecuador, uno de los peores predadores de la libertad de expresión en las Américas”, expresó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo. Desde que llegó al poder en 2007 el gobierno de Correa ha acusado en reiteradas oportunidades a la prensa de estar alineada con la oposición y difundir información falsa.
El gobierno argentino “no puede caer en la tentación de acusar y desacreditar a los periodistas en actos de sarcasmo público, ya que los discursos belicosos y de confrontación suelen incentivar a los violentos”, dijo.
En una conferencia de prensa en la que denunció una “confrontación política” de medios opositores, el jefe de Gabinete de Argentina, Jorge Capitanich, rompió el lunes frente a las cámaras de televisión dos páginas del diario Clarín en las que el domingo se publicaron artículos sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto en su apartamento tras presentar una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por un supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a un centro judío.
Las páginas que rompió correspondían a artículos escritos por los periodistas Nicolás Wiñazki y Daniel Santoro, y al columnista Eduardo van der Kooy, en el que se aludía a supuestas declaraciones de Capitanich sobre la utilización de la muerte del fiscal Nisman por parte de la prensa, de acuerdo con la SIP.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, por su parte, lamentó que “el gobierno de la presidenta (Fernández) involucre a la prensa dentro de una supuesta ‘confrontación política’, descalificando a los medios como opositores políticos, en lugar de considerarlos un instrumento fiscalizador del poder público como ocurre en sociedades democráticas”.
Los funcionarios de la SIP dijeron que el proceder de Capitanich “no puede ser tomado a la ligera, cuando en Argentina lamentablemente los periodistas han estado expuestos a otras acciones gubernamentales que afectan la libertad de prensa, como casos de espionaje contra medios, juicios simbólicos en contra de periodistas y actos de violencia”. —AGENCIAS