CARACAS. Cientos de venezolanos protestaron ayer por el asesinato del estudiante de 14 años, Kluiverth Roa, en San Cristóbal, estado de Táchira, ocurrido el martes.
A Roa le disparó un policía en la cabeza durante una protesta contra el régimen. El adolescente murió antes de llegar al hospital y el oficial fue detenido.
Ayer, en Mérida, 4 estudiantes resultaron heridos en un enfrentamiento entre manifestantes y la policía cerca de la Universidad de los Andes.
La protesta degeneró en enfrentamientos entre manifestantes, que quemaron llantas y lanzaron piedras y otros objetos contundentes contra decenas de policías que trataron de contenerlos con balas de goma.
En la ciudad de San Cristóbal, donde ultimaron a Kluiverth Roa, manifestantes bloqueaban varias calles con palos y neumáticos y se enfrentaban a las fuerzas de seguridad.
En Maracaibo, encapuchados prendieron fuego a un camión que llevaba medicamentos, denunció Nicolás Maduro, acusando del hecho a miembros del partido Voluntad Popular, del apresado Leopoldo López.
En Caracas, decenas de personas –en su mayoría mujeres vestidas con camisas blancas– se concentraron frente a la Nunciatura Apostólica para manifestarse contra la violencia y rechazar el asesinato.
Al grito de “justicia” y entre carteles en los que se leía “Venezuela es el primer país exportador de ángeles al cielo”, los manifestantes se reunieron frente a la sede diplomática del Vaticano para pedirle al Papa Francisco que medie ante la crisis venezolana.
La dirigente opositora María Corina Machado entregó a un representante de la sede diplomática una carta dirigida al Papa en la que le pide su “protección” e “intervención” a “favor de la vida de los hijos de las madres venezolanas” que, según la misiva, “están siendo asesinados en Venezuela”. También opositores protestaron frente al Ministerio de Interior y Justicia.
El policía Javier Mora, 23 años, señalado como responsable de la muerte del estudiante, fue arrestado e imputado de los delitos de homicidio, uso indebido de arma y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales, indicó la fiscal general Luisa Ortega Díaz.
El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, se preguntó si con la muerte del estudiante el régimen necesita algo más para derogar la resolución 008610, que autoriza el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas del orden en las manifestaciones.
“Cuando el gobierno permite el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones, el gobierno es el principal responsable”, escribió Capriles, en Twitter. —AGENCIAS.