CARACAS. Estudiantes de las principales universidades venezolanas comenzaron ayer a recolectar firmas para la derogación de una resolución que permite a los militares utilizar armas de fuego como último recurso en las protestas opositoras.
En contraste, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó ayer a una marcha oficialista para conmemorar los 26 años del llamado “Caracazo.
La revuelta popular, que se desarrolló el 27 de febrero de 1989, comenzó en las barriadas pobres de Caracas en rechazo a las alzas de precios y tarifas exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue sofocada a tiros por militares y policías y dejó un número aún no determinado de muertes que van de 300 a 3,000.
“Mañana (hoy) hay muchas actividades en todo el país, pero el 28 de febrero, el sábado, yo los invito a la gran marcha antimperialista del pueblo de Venezuela aquí en Caracas, haré importantes anuncios en esa marcha”, dijo Maduro durante un acto en Caracas transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.
Entre tanto, la campaña de los estudiantes que se oponen al uso de armas en las protestas opositoras surgió tras el reciente asesinato de un adolescente en la ciudad suroccidental de San Cristóbal, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza que supuestamente le realizó un policía durante una manifestación.
“Esperamos que en los próximos días el gobierno entienda y asuma la responsabilidad de los asesinatos que están ocurriendo y anule la resolución”, afirmó Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la estatal Universidad Central de Venezuela, al exhortar al Ejecutivo a que derogue la normativa rechazada por organizaciones de derechos humanos y la coalición opositora, que la consideran inconstitucional.
El Ministerio de Defensa emitió el mes pasado una normativa que permite el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, como último recurso en el caso de desórdenes callejeros que representen un “riesgo mortal”.
El ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, ha defendido la regulación asegurando que es un “documento hermosísimo de profundo respeto a los derechos humanos, a la vida y a los manifestantes incluso”.
Iglesias indicó que los estudiantes esperan llevar el proceso de recolección de firmas fuera de las universidades para incorporar a todos los sectores de la sociedad.
“Si este gobierno no responde cumpliendo su responsabilidad como tiene que ser pues entonces vamos a presionarlo por todos los lados”, dijo el dirigente a The Associated Press al asegurar que los universitarios, que protagonizaron el año pasado una serie de protestas contra el gobierno, están dispuestos a presionar en las calles para lograr la derogación de la regulación.
El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, descartó esta semana que el asesinato en San Cristóbal del estudiante Kluiverth Roa, de 14 años, tenga que ver con la referida resolución e indicó que la muerte del joven se debió a que un policía actuó de manera indebida. El funcionario policial es señalado de presuntamente disparar una bala de goma con una escopeta contra Roa.
Saab dijo que la Defensoría del Pueblo exhortó a hacer un manual de la normativa y a establecer otras precisiones sobre la actuación de la Guardia Nacional en las protestas.
La alianza opositora presentó a principios de mes en el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad por inconstitucionalidad y un amparo cautelar contra la normativa.
ONU pide resolver crisis
Mientras tanto, el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon instó ayer a Venezuela a resolver sus problemas mediante un diálogo pacífico.
“Yo he estado siguiendo muy de cerca la situación actual (de Venezuela) y espero que todos estos temas, cualesquiera sean sus causas, sean resueltos a través de un diálogo pacífico”, dijo al ser consultado sobre el tema durante una breve rueda de prensa.
Agregó que “lamento tanto estas muertes y al mismo tiempo estoy pidiendo al gobierno y a todas las personas… que se sienten juntas a resolver el problema”.
Recordó que diversas organizaciones, como la Unión de Naciones Suramericanas, el Vaticano y gobiernos de la región están impulsando una “resolución armoniosa” de la situación de Venezuela.
La víspera Ban había expresado a través de un comunicado su preocupación por los nuevos hechos de violencia en la nación sudamericana, al referirse al caso de Roa y de otros cuatro estudiantes resultaron heridos en refriegas entre manifestantes y la policía en la ciudad de Mérida.
La tensión en Venezuela se agudizó tras la detención del alcalde de la región metropolitana de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, acusado de participar en un complot para desestabilizar el régimen de Maduro, según denuncias del propio mandatario.
Ledezma fue enviado a una prisión militar. —AGENCIAS.