MÉXICO. El Senado de México debatirá el pliego de reformas en seguridad que envió el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, tras la presión social que ha enfrentado por la desaparición de los 43 estudiantes de Guerrero.
Uno de los cambios que plantea el plan es que las policías municipales de México, consideradas entre las instituciones más corruptas del país, serán reemplazadas por cuerpos estatales en un intento por atacar la infiltración del crimen.
La propuesta del gobierno federal también incluye una serie de reformas constitucionales, entre ellas la eliminación de las policías municipales. Con ello busca responder a una serie de críticas por la constante corrupción y nexos con el narcotráfico que evidenció la reciente desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa.
La propuesta del mandatario, publicada ayer en la Gaceta del Senado, indica que las policías municipales de cuatro de los 31 estados (Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas) serán las primeras en ser reemplazadas en un plazo no mayor a dos años “al tratarse de entidades que tienen la mayor urgencia de atención”.
El resto de los estados tendrá al parecer más tiempo para implementar las reformas.
El presidente anunció la semana pasada las iniciativas pero no se conocían los detalles. (Ver módulo con las demás medidas).
En Iguala, una ciudad del estado sureño de Guerrero, la policía municipal ligada al grupo del narcotráfico Guerreros Unidos atacó y detuvo a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, bajo órdenes del alcalde José Luis Abarca, también acusado de vínculos con la organización. Tanto el alcalde como su esposa, policías y presuntos sicarios han sido detenidos por el ataque y desaparición de los 43 estudiantes.
Los otros tres estados –Jalisco, Michoacán y Tamaulipas– han tenido en el pasado también casos de policías municipales ligadas a carteles de las drogas e incluso varios cuerpos han sido reemplazados por agentes federales e incluso militares.
Según la propuesta la idea es reemplazar cerca de 1,800 policías municipales por 32 cuerpos estatales.
Gobiernos anteriores hicieron propuestas similares que no avanzaron principalmente por la oposición de partidos políticos contrarios al gobierno en turno.
“En varios casos las policías municipales han sido corrompidas o infiltradas por grupos criminales y, por ende, carecen de credibilidad o confianza para llevar a cabo sus funciones de combate a los delitos del orden común que más afectan a las personas”, detalla la propuesta.
El gobierno refirió que una encuesta sobre percepción de seguridad realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2013 señaló que solo 39.1 % de la gente confía en la policía municipal.
La autoridad ha señalado por años también que el nivel académico de los policías municipales es muy bajo, al igual que su salario, lo cual los hace más susceptibles de ser tentados por el crimen organizado. Según datos recientes del gobierno, un 40 % recibe un sueldo de unos $330 al mes y menos de 4 % cobra $861.
El plan anticrimen que presentó el presidente fue recibido con escepticismo y críticas porque varias propuestas ya las hicieron gobiernos anteriores. —AGENCIAS