BRASIL. La comisión del Congreso brasileño que investiga el escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras pidió ayer el procesamiento de 52 personas, entre las cuales no está ninguno de los políticos que supuestamente se beneficiaron de los desvíos millonarios de fondos de la empresa.
El informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que recomienda que se procese a varias de las personas que ya están presas y son juzgadas por los desvíos, fue aprobado ayer por 19 votos a favor y ocho en contra de los senadores y diputados que participaron en las investigaciones.
El Congreso decidió realizar una investigación propia sobre los desvíos en Petrobras e independiente de las que ya son realizadas por la Policía Federal, la Fiscalía, la Contraloría y el Tribunal de Cuentas de la Unión, pero sus resultados tuvieron menor alcance.
Además de citar en su lista de acusados a casi todos los implicados que ya están presos y están procesados, la CPI se abstuvo de pronunciarse sobre los cerca de treinta políticos que supuestamente se beneficiaron de los desvíos.
Dejaron de lado otros documentos presentados por la oposición que pedían responsabilizar a la presidenta Dilma Rousseff por la compra sobrevalorada de la refinería Pasadena, en Texas (EE. UU.), cuando ella presidía el Consejo de Administración de Petrobras, en 2006. También se rechazó el pedido para denunciar a Graça Foster, presidenta de Petrobras.
Las denuncias de corrupción en Petrobras, que han paralizado a la empresa y provocado una pérdida de cerca del 40 % en su valor de mercado este año, salpican a varios dirigentes y políticos aliados del gobierno.
El escándalo también llevó a que se investigue a importantes empresas del país, incluyendo las mayores constructoras de Brasil, que, de acuerdo con las denuncias, obtuvieron contratos a cambio de millonarios sobornos.
Los recursos desviados, según admitieron algunos de los implicados, fueron transferidos a diferentes partidos políticos, incluido el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y otros de la alianza que apoya a Rousseff.
Según calcula la Policía, el dinero desviado de la petrolera en los últimos diez años podría llegar a la suma de unos $3,850 millones.
El asunto ha llevado a la cárcel a dos exdirectores de Petrobras y a una decena de directivos de empresas relacionadas con la trama, algunos de los cuales han revelado detalles de cómo operaba la mafia a fin de negociar una reducción de las penas que les esperan.
Entre las personas que la CPI pide que sean procesadas figuran el exdirector de Abastecimiento de la petrolera Paulo Roberto Costa y el empresario Alberto Youssef, los principales protagonistas del escándalo, que están presos desde marzo pasado y han delatado a todos los demás implicados a cambio de beneficios judiciales.
Entre las empresas ligadas al escándalo Petrobras están Odebrecht y Queiroz Galvao, que, durante el gobierno de Mauricio Funes, en El Salvador, fueron escogidas para ejecutar obras eléctricas.
Queiroz Galvao fue contratada para ampliar la presa hidroeléctrica 5 de Noviembre; Odebrecht ha sido preseleccionada para construir El Chaparral.
La comisión del Congreso también pidió que sean enjuiciados el exdirector de Servicios de la empresa estatal Renato Duque y el exdirector del áreas internacional Néstor Cerveró, que igualmente ya están incluidos en diferentes procesos judiciales.
Costa y Youssef mencionaron en sus declaraciones ante la Justicia a decenas de dirigentes políticos y parlamentarios que se beneficiaron de los desvíos de Petrobras, pero la comisión del Congreso que investigó el escándalo se abstuvo de incluirlos en su informe final. —AGENCIAS.