QUITO. En noviembre, el gobernante de Ecuador, Rafael Correa, rompió un ejemplar del diario La Hora en público.
Lo hizo porque, a su parecer, el periódico dio una información inexacta y “mentirosa” al titular: “Ellos negaron la consulta popular”, un artículo que daba testimonio de la decisión de la Corte Constitucional de dejar en manos de la Asamblea Nacional la enmienda de la reelección indefinida, que se suponía debería haber pasado por un referendo popular.
La imagen se ha repetido, al menos, seis veces desde que Correa asumió el poder en 2007. En años anteriores, el presidente ya había roto ejemplares de medios como El Universo, El Comercio y Hoy. Pero lo grave es que a esta acción se han sumado los insultos y demandas contra periodistas, columnistas y opositores.
Con este panorama, Ecuador es hoy uno de los países de América Latina que tienen más restricciones cuando se trata de libertad de expresión y libertad de prensa.
Según una nota del diario español El País, el sector de la comunicación en Ecuador ha registrado varias bajas a lo largo de 2014: la suspensión de dos ediciones regionales del diario La Hora, en julio; el cierre del periódico Hoy, en agosto; y el cese en noviembre del programa de comedia “La pareja feliz”, tras recibir una multa equivalente al 5 % de la facturación media de los últimos tres meses, por la emisión de cinco capítulos que difundían “contenidos discriminatorios por razón de sexo y orientación sexual”.
La Superintendencia de la Comunicación ha sido la encargada de imponer y de cobrar las multas que han terminado por asfixiar económicamente a estos medios y programas. El diario Hoy, incluso después de cerrar, recibió una multa de casi $60,000, por no publicar en su portada el número de ejemplares que había puesto en circulación en algunas ediciones.
Correa no ha dejado de etiquetar a los periodistas y a los medios como “la prensa corrupta”. Su programa de televisión semanal tiene una sección titulada “Por un verdadero Estado de derecho y no de opinión”, donde cuestiona y ridiculiza a periodistas.
César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), considera que “el hostigamiento a los medios de comunicación privados ha sido una constante” en 2014. Esta organización ha contado 57 sanciones a medios de comunicación hasta la fecha. De ellas, 28 corresponden a sanciones económicas impuestas, en su mayoría, por no entregar copias de ejemplares o grabaciones de programas, por tomar posición institucional sobre algún proceso judicial o por no difundir el tiraje en portada.
La situación empeoró desde que, en junio de 2013, entró en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación –llamada ley ‘mordaza’ por organismos defensores de la libertad de expresión–.
En dicha ley se entienden la comunicación y la información como un servicio público, lo que quiere decir que estas son reguladas por el Estado, a través de instituciones administrativas como la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) –que tiene entre sus funciones monitorear a periódicos, emisoras radiales y canales de televisión, y sancionarlos en caso de que incumplan esta ley.
Para Ricaurte, “es tétrico que el poder empiece a dictar los parámetros de lo que es periodismo. Cuando el Gobierno habla de periodismo responsable, habla de periodismo domesticado, sin dientes, un periodismo afín, que no investiga, que no cuestiona”.
Los medios poco a poco han dejado de registrar las sanciones a los periodistas y medios. Han pasado por alto casos como el del diario La Verdad de Machala (provincia de El Oro), al cual se le impusieron dos amonestaciones escritas y cuatro multas económicas que suman unos 8,000 dólares, el doble de su patrimonio, por lo que corre el riesgo de desaparecer.