MÉXICO. Medios locales informaron ayer que el exalcalde de la ciudad de Iguala (estado de Guerrero), José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, implicados en la desaparición de 43 estudiantes, están siendo investigados por las autoridades mexicanas y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por lavado de dinero.
En esta búsqueda también participan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Según El Universal, fuentes del gobierno federal indicaron que ante los nexos de la llamada Pareja Imperial con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y el grupo criminal Guerreros Unidos, empezaron a investigar el patrimonio del exalcalde, quien de vendedor de huaraches (antojitos mexicanos) se convirtió en un próspero empresario.
Las estimaciones indican que Abarca podría tener alrededor de 60 inmuebles, predios y negocios en por lo menos cinco estados del país. Otros activos más en el exterior.
Las propiedades están a nombre de las hijas de la pareja, Yazareth y Yitzel Abarca Pineda, y de su suegra, María Leonor Villa Orduño, cuyos hijos fueron operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Las fuentes consultadas por el periódico El Universal revelaron que bajo esta línea de investigación se busca esclarecer las alianzas comerciales que forjó Abarca, ubicar a sus socios y saber el trasfondo de su fortuna.
“Sobre este caso, autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la comunidad de inteligencia realizan un cruce de información sobre el exalcalde y su esposa, en relación con los grupos criminales cuya relación detectó el Gobierno mexicano”, explica El Universal.
Los últimos datos informan que Guerreros Unidos están extendiendo sus operaciones a Estados Unidos y que por ello se sabe de sus cabecillas, su uso de empresas pantalla, prestanombres de propiedades y tráfico de drogas, así como métodos de reclutamiento, por lo que estas pesquisas buscan establecer sus alianzas y sus niveles de infiltración.
Por ahora la Procuraduría General de la República (PGR) rastrea los bienes y las cuentas de Abarca y de su familia, todo ante los indicios de que algunos de los negocios podrían haber sido utilizados para el lavado de activos del crimen organizado y otros más adquiridos a partir de 2005 cuando sus cuñados se asociaron a los hermanos Beltrán Leyva.
Hasta el momento se han encontrado propiedades o negocios en entidades como Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Puebla y el Distrito Federal.
Protestas en Guerrero
Mientras, un verdadero movimiento se ha constituido en México tras la desaparición de los 43 estudiantes en el estado de Guerrero hace más de un mes para reclamarle al gobierno acciones eficaces e inmediatas para encontrarlos sean vivo.
Ayer, estudiantes y maestros de Guerrero tomaron el control de edificios oficiales en las ciudades de Chilpancingo y Acapulco.
Unos 300 alumnos de la escuela para maestros ocuparon el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, localizado en Chilpancingo, para exigir el retorno de sus compañeros.
Durante la toma, los estudiantes dejaron salir de las instalaciones a mujeres, discapacitados y personas de la tercera edad. Los hombres permanecen retenidos desde hace varias horas.
Con el rostro cubierto, los jóvenes colocaron mantas en la fachada del edificio y exigieron justicia para sus 43 compañeros que permanecen desaparecidos y los tres que murieron esa noche en Iguala en ataques a tiros perpetrados por policías municipales.
Además, unos 600 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de (Ceteg) tomaron el Tribunal Colegiado y el juzgado 5 de la Federación, también Chilpancingo, la capital de Guerrero, con la misma demanda.
Otro grupo de profesores de la Ceteg bloquearon de manera pacífica los accesos del Palacio Federal de Acapulco, un edificio ubicado en la zona turística del puerto en el que trabajan funcionarios locales, estatales y municipales. —AGENCIAS.