MADRID. Al menos 32 personas fueron detenidas ayer en 12 provincias de España, en una operación de la Guardia Civil contra una red que, en connivencia con funcionarios y cargos públicos, se había infiltrado en distintas administraciones para obtener contratos de forma fraudulenta.
Según fuentes de la investigación, entre los detenidos, 22 de ellos en Andalucía (sur) figuran cargos políticos de bajo nivel de distintos partidos, además de funcionarios y técnicos de la administración, tanto central, como regional y local.
Además de en Andalucía, se han producido también detenciones en las regiones de Extremadura (oeste), Canarias (Atlántico), Aragón (norte) y Valencia (este), además de Madrid y Barcelona. Dicha operación ha sido bautizada como “Enredadera” y sería la tercera fase de la investigación conocida como Madeja.
La operación, dirigida por la jueza Mercedes Alaya, se extiende por España y es parte de un caso anterior que se originó en Sevilla y que dirige la misma magistrada, relacionado con empresarios que obtenían contratos de empresas municipales de esa ciudad.
Según fuentes judiciales, todos los implicados están relacionados con las infraestructuras de carreteras y ferroviarias, que habrían aceptado facturaciones de las obras por encima de lo permitido y también habrían asesorado a las empresas sobre cómo presentar las ofertas para quedarse con las obras licitadas.
La operación contra esta nueva trama de corrupción se produce dos semanas después de otra en la que se vieron implicados casi medio centenar de políticos, funcionarios y empresarios también en varias provincias de España, con epicentro en Madrid.
El periódico ABC informó anoche que la Guardia Civil había dejado en libertad a cuatro de los 32 detenidos, pero no detalla motivos.
—AGENCIAS.