a asignación de un plumazo del canal 37 al canal 11 es uno los casos que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destaca en su informe sobre El Salvador en la 70 Asamblea General que desarrolla en Chile del 17 al 21 de octubre, para ejemplificar uno de los principales problemas registrados con los medios de comunicación.
En el documento preliminar que la entidad ha colgado en su página oficial reseña que el problema inició en abril pasado cuando la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), entidad estatal encargada de la regulación y asignación de frecuencias para las televisoras, designó en una posición privilegiada a un canal comprado por un empresario extranjero, ubicado en una frecuencia de menor captación de público y sin cumplir las reglas establecidas.
“El empresario mexicano Ángel González, con su empresa TV RED, compró en El Salvador el canal 37 en el sistema UHF y Siget lo asignó sin mayores explicaciones en el canal 11, en VHF. Esto generó una batalla legal por parte de las televisoras locales que reclaman la discrecionalidad de la asignación pasando por encima de las leyes establecidas. Han dicho que están en contra de la competencia desleal”, resume la SIP.
El informe explica que las televisoras locales demandaron en la junta de directores de la Siget, el retorno del 37 al 11 y que la Superintendenta del actual Gobierno se había negado a regresar el canal 11 al canal 37, pero la junta de directores falló en favor de las televisoras.
La SIP añade que la empresa TV RED mientras tanto impuso un recurso de revisión de esa decisión de la Junta de Directores Siget en la Sala Contencioso de la Corte Suprema de Justicia, pero que la Superintendenta hizo caso omiso de los reclamos para cumplir la sentencia, y dio tiempo a que la Sala Contencioso ordenara una medida cautelar a favor del canal 11 para que siguiera transmitiendo hasta el final del caso y allí el proceso puede tardar años.
“Las televisoras locales han denunciado los actos arbitrarios que consideran se han registrado en este proceso de asignación preferente a un canal y se sospecha de la relación del empresario con las autoridades gubernamentales, tal como ocurre en otros países”, afirma la SIP.
Ley de lavado y medios
También el informe preliminar de la entidad destaca otro escollo que han enfrentado los medios de comunicación salvadoreños.
“El FMLN y partidos aliados aprobaron una nueva ley de lavado de dinero y activos y decidieron incluir a los medios de comunicación sin el más mínimo sentido técnico o argumento como empresas que debían ser reguladas, controladas e intervenidas como acción de esta ley”, dice el documento.
Y apunta que luego de protestas y debates fue que los legisladores hicieron nuevas reformas a la ley y que fue en agosto cuando los medios quedaron fuera del control específico de la ley.
“El control exigía la presencia de un oficial auditor de lavado en representación del Estado dentro de un medio, controlando cualquier actividad de operaciones financieras, dándole potestad para intervenir y pedir cualquier tipo de información”, resume la SIP.
Detalla que “el Gobierno mantiene un acoso administrativo contra los medios. Está utilizando instancias reguladores o de control desde el Ministerio de Trabajo, de Medio Ambiente o instancias financieras-fiscales o de comercio para solicitar todo tipo de información empresarial a los medios”.
La SIP también consigna en el documento que dos semanas atrás se registró un nuevo caso de censura en El Salvador. “La Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) elaboró un manual de manejo de información en la que restringe el acceso de los medios a temas de seguridad pública. El objeto es controlar, restringir los datos y hasta ha bloqueado la presencia de oficiales en redes sociales. En estos momentos, las autoridades no han dado explicaciones ni respuestas ni han girado alguna orden de cambio para el acceso a la información pública”, indica la entidad.
También menciona el caso del periodista Óscar Martínez, del diario digital El Faro, quien fue coaccionado en un falso operativo policial, en una carretera del occidente del país. “Un retén policial lo entrevistó sobre las labores que había realizado en un poblado de occidente. Los agentes le hicieron una serie de preguntas y le dijeron que habían montado el operativo contra él. Fue interrogado y retenido por varios minutos sin explicación legal alguna”, resume.
La SIP indica que ha pedido información sobre el caso al Ministerio de Seguridad, ya que el ministro Benito Lara se comprometió a indagar lo sucedido, pero que al igual que otras instituciones, no han tenido respuesta alguna.
Además, en el informe se incluye el asesinato del camarógrafo Carlos José Orellana, de 23 años, quien trabajaba para el canal 99 en Usulután. El joven fue atacado por dos individuos con arma blanca cerca de su casa en Santiago de María y no se descarta que haya sido asesinado por su oficio.