CARACAS. Ante incremento de protestas y críticas por la instalación de “captahuellas” en los supermercados para controlar el consumo de los venezolanos, el Gobierno insiste en que la medida solo busca evitar el acaparamiento de productos básicos como alimentos y de aseo y su contrabando hacia Colombia.
Ayer, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, defendió el uso del sistema biométrico como una alternativa para controlar el contrabando y hacer frente a lo que, a su juicio, es “una guerra económica” que busca derrocar a Nicolás Maduro, según publicó el periódico digital El Universal de Venezuela.
“Estamos viviendo una situación particular, una cantidad de alimentos no llegan a donde deben llegar. Lo que queremos evitar (con el captahuellas) es que se produzca un fraude”, afirmó Cabello durante una entrevista por Televén.
Añadió que el “captahuellas” será aplicado de forma obligatoria en todos los estados fronterizos y en la red nacional de supermercados del Estado. No obstante, Cabello, señaló que “en el Zulia se reunieron los dueños de supermercados y el captahuellas está funcionando de manera voluntaria”.
En días pasados el Superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, se reunió con los representantes de cadenas privadas en el país, y aseguró que en el caso de estos no era obligatoria la aplicación de las “captahuellas” para controlar las compras.
Con respecto a las críticas que señalan que la aplicación del sistema es inconstitucional, Cabello afirmó que la aplicación del “captahuellas” es la manera que han conseguido para “garantizarles los alimentos a los venezolanos”, como lo establece la Carta Magna.
“No hemos dicho que una persona solo pueda comprar dos paquetes de harina precocida, por ejemplo; eso no existe. Quién va a un supermercado diez veces para comprar un producto eso es lo que no queremos”, dijo.
Cabello destacó que se están realizando investigaciones para determinar qué personas y sectores económicos se encuentran detrás del contrabando y afirmó que ya se está restableciendo el abastecimiento de alimentos.
Pide confiscar medios
El presidente del Congreso también se pronunció ayer a favor de la confiscación “de inmediato” de los medios que apoyen el contrabando.
“Quizá estamos fallando en un tema, que yo lo reclamo, que es el tema de que los medios que se utilizan para el contrabando tienen que ser confiscados de inmediato”, dijo en la misma entrevista.
Cabello aseguró que la iniciativa es “legal” ya que está “inclusive” en la Ley de Precios Justos vigente a principios de febrero pasado y con la que el Gobierno pretende controlar precios y acabar con la escasez recurrente de productos de la cesta básica. CARACAS. Hasta ahora el Gobierno venezolano ha dicho que solo son 23 los productos básicos de consumo popular, para los que será obligatorio introducir la huella en los supermercados, al momento de comprar.
Entre dichos bienes de la canasta básica se menciona el arroz, leche, papel higiénico, aceite, jabón, champú, detergente y diferentes tipos de carne, entre otros. Según diversos funcionarios gubernamentales, únicamente estos artículos tendrán restricciones en la frecuencia con que los venezolanos deberán acudir a abastecerse para el consumo familiar.
Andrés Eloy Méndez, superintendente de precios, dijo recientemente que “el sistema no fija restricciones en la compra de productos… pero sí en la frecuencia: solo una vez por semana… además de no permitir compras consideradas excesivas”.
Las protestas no se han hecho esperar y en San Cristóbal un grupo de manifestantes mostró la semana pasada su rechazo a los “captahuellas”, denunciando que se trata de una forma de racionar la compra de alimentos, muy al estilo de la “libreta” que se utiliza en Cuba.
El abogado constitucionalista, José Ignacio Hernández, expresó que “el sistema biométrico nos convierte a todos en sospechosos, y eso viola la presunción de inocencia y el principio general de buena fe”.
Por su parte María Verdeal, Vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), dijo recientemente que “con ello el Gobierno está imputando la presunción de que todos los venezolanos somos contrabandistas”.
El hecho de que se pretenda controlar la compra de productos, mediante un “captahuellas”, generará una gran cantidad de información adicional que cada ciudadano tendrá que darle a un Estado “vigilante y espía”, algo que en su opinión viola el artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.