MÉXICO. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó ayer un nuevo artículo de la Ley de Procuraduría de Justicia del estado de Sinaloa que prohíbe a los medios de comunicación acceder a escenas de crimen, al considerarlo un acto de censura.
El Congreso de Sinaloa aprobó el 30 de julio por unanimidad cambios en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, entre ellos un nuevo artículo que también les prohíbe a los medios de prensa fotografiar, grabar o filmar a los delincuentes.
“Esas restricciones constituyen una clara censura a la cobertura periodística sobre hechos que la ciudadanía tiene derecho a conocer y son de alto interés público”, manifestó Claudio Paolillo, presidente de la comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Aunque existen disposiciones similares en leyes similares, la SIP consideró que “lo grave de esta medida es que impide a los funcionarios hacer declaraciones o dar entrevistas” y limita la información a los boletines de prensa de la Procuraduría, con la excusa de que se “cumpla con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia”.
Diversas organizaciones de prensa de México e intelectuales han criticado el nuevo artículo por considerar que atenta contra las libertades de prensa y de expresión.
Paolillo, director del semanario Búsqueda, de Uruguay, afirmó que la SIP estará alerta ante el compromiso de los legisladores de eliminar la disposición.
La SIP se había opuesto en 2011 a la intención del Congreso de Sinaloa de aprobar una ley de protección para periodistas que incluía la obligación de registrar las investigaciones periodísticas, lo que atentaba contra el secreto de las fuentes.
Por su parte, el gobernador estatal, Mario López Valdez, firmó un acuerdo, la noche del lunes, para derogar esa porción de la norma aprobada por unanimidad la semana pasada, aunque para que entre en efecto el cambio tiene que ser aprobado por el Congreso estatal, el cual se encuentra en receso. Legisladores locales han dicho que podría convocarse a un periodo extraordinario.
Algunos congresistas prometieron suprimirlo en una sesión legislativa extraordinaria el 21 de agosto. —AGENCIAS