WASHINGTON. Las autoridades en la Casa Blanca planean actuar antes de las elecciones legislativas de noviembre para otorgar permisos de trabajo a quizá millones de inmigrantes que se encuentran en EE. UU. sin autorización, lo que les permitiría permanecer en el país sin la amenaza de ser deportados, de acuerdo con intercesores y legisladores que se mantienen en contacto con el gobierno.
La medida podría generar una enorme agitación política en un año electoral y hacer que algunos republicanos conservadores presionen para que se enjuicie políticamente al presidente Barack Obama.
El mes pasado anunció que las negociaciones legislativas para reformar el disfuncional sistema de inmigración del país habían llegado a un punto muerto, y que él procedería para arreglar el sistema donde su autoridad lo permitiera.
Desde entonces, ha pedido al Congreso $3,700 millones para lidiar con la crisis de los menores migrantes, una petición que no ha sido atendida, aun cuando la Cámara de Representantes y el Senado se debaten para ver si pueden votar esta semana alguna solución a la crisis antes del receso legislativo de agosto.
En tanto, funcionarios de la Casa Blanca liderados por la directora del Concejo de Políticas Internas, Cecilia Muñoz, y el asesor jurídico de la Casa Blanca, Neil Eggleston, junto con el secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson, han estado trabajando en un sumario de las medidas que Obama podría decretar, y se han reunido con frecuencia con grupos de interés y escuchado recomendaciones de los partidarios de una reforma migratoria, de autoridades, líderes religiosos, legisladores hispanos y otros.
Activistas y legisladores que tuvieron reuniones por separado el viernes dijeron que el gobierno sopesa un amplio rango de opciones, incluidos cambios en el sistema de deportación y formas de otorgarle a ciertas poblaciones específicas del país una exención para que no sean deportadas, probablemente mediante la expansión de una directriz emitida por Obama hace dos años que otorgó permisos de trabajo a ciertos inmigrantes que entraron sin permiso al país cuando eran niños. Ese programa, conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), cubre a unos 500 mil inmigrantes hasta ahora.
Los activistas buscan que la suspensión de deportaciones sea válida para cualquiera que cubra los requisitos de naturalización estipulados en una iniciativa de reforma migratoria aprobada por el Senado el año pasado, lo que equivaldría a unas 9 millones de personas.
Pero Obama les dijo en una reunión del mes pasado que “mesuraran” sus expectativas, aun cuando prometió ser arrojado en las medidas que tome.
Eso llevó a los activistas a centrarse en otras poblaciones en las que Obama podría enfocarse, como los padres o tutores de niños que son ciudadanos estadounidenses —cifra que podría rondar unas 3.8 millones de personas, según un análisis del Proyecto de Tendencias Hispanas del Centro de Investigación Pew, un organismo no partidista-, o bien en los progenitores o tutores de los inmigrantes acogidos al programa DACA. Este último grupo podría abarcar entre 500,000 y un millón de personas, de acuerdo con la coalición de grupos activistas Fair Immigration Reform Movement.
Al mismo tiempo, la Cámara de Comercio de EE. UU. dice que trabaja activamente para determinar si hay medidas que Obama podría tomar mediante decretos que pudieran ayudar a la comunidad empresarial.
Los republicanos han advertido que Obama podría generar una crisis constitucional.
“Sería una afrenta para las personas de este país que nunca olvidarán, sería una mancha imborrable en su legado”, dijo ayer el republicano Jeff Sessions, senador por Alabama, ante el pleno de la cámara alta.
El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, el republicano Bob Goodlatte, de Virginia, anunció planes para usar una audiencia de supervisión de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración a efectuarse hoy para plantear interrogantes sobre los planes de Obama, los cuales “advirtió” podrían “empeorar la crisis fronteriza y alentar la llegada de muchas más personas”.
En el otro bando, algunos demócratas debaten cuál es el mejor momento para que Obama emita decretos, y se preguntan si hacerlo antes de las elecciones de noviembre podría afectar a senadores demócratas que afrontan contiendas reñidas al tiempo que fomenta la participación de votantes republicanos. —AGENCIAS