La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) publicó un informe donde recogieron las denuncias de casos de torturas que se desarrollaron desde el inicio de las protestas en el mes de febrero, así como historias y fotografías de manifestantes golpeados.
“O los derechos humanos se ponen al frente de la agenda política en Venezuela, o Venezuela corre el riesgo de entrar en una espiral de violencia”, afirmó Esteban Beltrán, director la sección española de AI.
Según el informe, desde el inicio de las protestas hace 49 días, se han registrado al menos 37 personas muertas y 559 heridas, 120 de ellas por armas de fuego, mientras que 2153 han sido arrestadas, de los cuales 168 siguen en prisión. El balance del gobierno venezolano es de 39 muertos.
El reporte incluyó cifras que la Fiscalía venezolana cedió a Amnistía sobre denuncias de abusos hasta el jueves pasado y que ascienden a 81, así como testimonios de los presuntos abusos.
La ONG ha recibido decenas de denuncias de “torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes” contra los opositores por parte de oficiales de las fuerzas del orden como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Según el informe, las vejaciones se realizaban en el momento del arresto, en el traslado a los centros de detenciones y en estos sitios.
La organización está especialmente “preocupada por el uso de armas de fuego contra manifestantes”, afirmó la investigadora de AI, Nuria García.
A su vez, García denunció la existencia de grupos armados progubernamentales que “han empleado la violencia para atacar a manifestantes durante las protestas, muchas veces ante la presencia de las fuerzas del orden, sin que estas intervinieran”.
Entre las acusaciones emitidas por los ciudadanos, se incluyen casos de palizas con puños, patadas y objetos contundentes, como cascos, incluso cuando la persona se encontraba restringida en el suelo en el momento de la detención. Asimismo, hay casos de jóvenes que han sido obligados a permanecer de rodillas o en pie durante largas horas en los centros de detención, abusos sexuales o amenazas de violación.